Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La República Dominicana celebra más de 180 años de su carta magna fundacional. La de San Cristóbal. Aquel suceso histórico reunió a representantes que debatieron bajo la influencia de textos constitucionales liberales de aquel tiempo. El propósito esencial era dotar a la nueva nación de un esquema de pesos y contrapesos, siguiendo a Montesquieu: “donde el poder limite al poder”. Sin embargo, sucedió lo contrario. El arrojo de un ejército incipiente y hambriento prevaleció sobre la autoridad constituida. Relata Frank Moya Pons que, bajo el asedio de las fuerzas de Santana, los legisladores sancionaron el artículo 210, el cual delegaba facultades ilimitadas al futuro Marqués de las Carreras mientras subsistiera el conflicto con Haití.
Ese dictamen otorgó validez legal a un fenómeno social que incidió profundamente en la sociedad dominicana: el caudillismo. Desde entonces y hasta hoy, la nación ha presenciado cuarenta modificaciones a la Constitución. Unos la alteraron para habilitarse modificándola ligeramente o mediante triquiñuelas legales; otros, sin atenuantes, para permanecer. Pero, en esencia, la gran parte de ellas se centraron en el sistema de votación presidencial para asegurar su permanencia en el cargo. Por ejemplo, de los tres exmandatarios vivos, quienes suman 24 años como líderes del Estado, modificaron el modo de elegir al presidente.
Puede leer: Posposición, encuentro y quehacer político
No formo parte de quienes condenan toda reforma constitucional. En las aulas, junto al profesor Eduardo Jorge Prats, aprendí que en materia de derecho constitucional —como argumenta el doctor— se habla de una manifestación de autorreferencia normativa cuando una constitución es alterada siguiendo los procesos que ella misma establece. Dicho de otra manera, la carta magna contempla sus propios medios de cambio; el problema surgiría si el asambleísta actúa al margen de estos. Además, a pesar de las enmiendas, nuestro país goza de una estabilidad política considerable en las últimas épocas, a diferencia de la mayoría de los países vecinos, si bien existen retos. Así lo indican la mayoría de los informes de las entidades internacionales que evalúan la salud de nuestra democracia.
No obstante, para que esta revisión trascienda lo meramente simbólico, requiere una plasmación política tangible. Es decir, si no se concreta la alternancia en el mando con un nuevo mandatario elegido en los comicios de 2028, y en su lugar el actual gobernante cede el poder al último de los líderes caudillistas, quien busca un cuarto periodo con miras a un quinto, ¿de qué habría servido la reforma? Si la meta es fomentar el relevo en la administración del poder, el sentido común aconseja que quien tome el relevo del presidente debe encarnar esos preceptos. Aquí reside, a mi entender, la gran prueba y el legado del presidente. De otro modo, si por algún motivo su modificación termina abriendo la vía al pasado, no será más que un cambio superficial o, en palabras de Ferdinand Lassalle, un mero papel.
Agregar Comentario