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La inactividad del aparato institucional y la escasa fiscalización de edificaciones, estructuras, moradas, depósitos, barrancos, viaductos y canales representan un riesgo que somete a la población a calamidades que, en casos extremos, pueden provocar decesos.
En el ayuntamiento de Consuelo, en la demarcación de San Pedro de Macorís, donde reside una gran cantidad de familias, reventó el depósito de agua del sistema de suministro, el cual el Inapa debió revisar tiempo atrás, puesto que el deterioro por óxido que lo cubría se notaba a simple vista en esa comunidad.
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La culpa de ese percance no recae únicamente en el Inapa, sino también en los funcionarios edilicios y en los delegados del Poder Ejecutivo, quienes tienen el deber de velar por la protección de los residentes y por la prestación eficaz de los servicios.
Este suceso también pone de manifiesto la escasa o nula atención que los gobernantes prestan a las solicitudes, quejas o advertencias de los vecinos respecto a asuntos comunales que los impactan y que requieren una solución.
Los habitantes de Consuelo manifestaron en repetidas ocasiones que el tanque presentaba fugas y derrames de agua, pero solo lograron que se inspeccionara superficialmente el recipiente, el cual, claramente, necesitaba que el INAPA abordara el asunto con seriedad y procediera a sustituirlo. ¿Por qué no se resolvió? ¿Por escasez de recursos o por negligencia?
El punto es que desdichas como las ocurridas en el paso subterráneo de la 27 de Febrero, la del club nocturno Jet Set, la del centro educativo de Puerto Plata… podrían continuar presentándose en el país ante la falta de vigilancia de los organismos encargados de certificar el buen estado de las construcciones tanto públicas como privadas.
Es momento de que la ciudadanía demande el respeto a sus prerrogativas y que se castigue la negligencia institucional.
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