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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) –
La modificación a la ley de sanidad gallega, orientada a resguardar al personal sanitario frente al creciente número de agresiones, sanciona el hostigamiento digital que pueda sufrir este grupo (por parte de usuarios o allegados). Además, estipula que, en casos serios o muy serios, el agresor podría ser reasignado a otro profesional o incluso a un centro de salud distinto.
Asimismo, busca regular la práctica de grabaciones en consulta, considerando su realización sin consentimiento como causa de quiebra de la confianza, lo cual permitiría al sanitario afectado distanciarse del paciente.
Así lo adelantaron al finalizar la reunión semanal del Gobierno tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño. Ambos confirmaron, como ya se había adelantado, que con esta normativa, que el titular del Ejecutivo espera ver aprobada “a la mayor brevedad” y en todo caso durante 2026, Galicia será la primera comunidad en incorporar a los técnicos de emergencias o del 061 al personal sanitario protegido.
De hecho, esta revisión legal incluye incorporaciones importantes en el apartado de penalizaciones y, aparte de las faltas muy graves, ya previstas legalmente, se definen y se fijan las multas para las faltas leves y graves.
Así pues, las faltas leves, como la falta de respeto o el insulto, podrán ser castigadas con multas que irán de los 300 a los 1.500 euros. En el escalón superior, las faltas graves, como las amenazas, coacciones o el acoso cibernético, acarrearán sanciones que fluctuarán entre 1.500 y 3.000 euros.
Las muy graves, como agresiones físicas o reincidencia en cometer faltas graves en los últimos cinco años, serán penalizadas con multas que van desde los 3.000 hasta los 15.000 euros.
Caamaño profundizó en los datos que justifican el aumento de la violencia contra los profesionales de la salud, explicando que las cifras más recientes muestran que el año pasado 856 trabajadores del Servicio Gallego de Salud (Sergas) reportaron “algún tipo de violencia”.
La mayor parte de estas acometidas fueron “de palabra o gestuales” —”más de 500″—, pero también hubo 340 actos que implicaron, señaló el consejero, agresión física. Del total, 511 incidentes violentos se registraron contra personal que labora en Atención Primaria y extrahospitalaria, mientras que otros 345 actos de violencia ocurrieron en el ámbito de la atención hospitalaria.
“Sin importar cómo o dónde suceda, cualquier manifestación de violencia, sea física o verbal, es condenable. Pero más aún si quienes la sufren son quienes se dedican a cuidarnos y a velar por nuestra salud”, concluyó.
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