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Los alumnos junto a los docentes son los protagonistas principales e importantes del quehacer formativo que tiene como marco nuestras escuelas y colegios.
Por consiguiente, es inadmisible su exclusión o falta de voz y voto en los consejos escolares que se deben establecer y activar para que se conviertan en un instrumento esencial para la operatividad y rendimiento de toda la estructura y el sistema de instrucción pública del país.
Soy consciente de que el movimiento estudiantil atraviesa un momento difícil y ya no es el mismo de antes, cuando, como señalaba Mao Tse-tung, constituían un pilar de vanguardia.
Me rememora aquellos momentos inolvidables en que se estructuró la Federación de Estudiantes de Secundaria (Fenes), cuyo primer presidente electo fue Eusebio Mercedes, de la Uner y afín a la Línea Roja del MR-1J4.
El reto actual radica en cómo asegurar y fomentar una presencia estudiantil auténtica y eficaz en los comités escolares de bachilleratos, zonas y direcciones regionales del Ministerio de Educación (Minerd), para que formen parte de estos órganos desconcentrados, con funciones específicas, tal como estipula la Ley General de Educación 66-97.
Para que esa representación sea genuinamente democrática y fiel a la voluntad de los representados, los estudiantes deberían elegir, cada ciclo lectivo, un vocero por salón, y esos voceros formar la asamblea de delegados, la cual, a su vez, elegiría al representante de los alumnos ante el Consejo Escolar del centro. Tan sencillo como eso y sin trámites innecesarios.
Además, con estos procesos de selección de la representación estudiantil se estaría impulsando el desarrollo temprano de nuevas figuras de liderazgo juvenil.
La metodología debería iniciarse con la convocatoria anual para la elección de la representación, coordinada entre el Minerd y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para una fecha fija. Es la mejor alternativa, a menos que surjan otras propuestas más adecuadas.
La clave es que se constituyan los consejos escolares y que funcionen realmente, asumiendo las responsabilidades y deberes que la Ley les confiere, para que cada centro educativo opere como debe ser: un espacio de saber y cultura, un foco de luz, y no en las condiciones de descuido, desorden e insalubridad en que se encuentra la mayoría de nuestras instituciones educativas.
A la ADP le corresponde asumir un rol preponderante, junto al Minerd, para lograrlo y permitir que las escuelas puedan operar sin contratiempos, cumpliendo íntegramente con los programas y los objetivos trazados.
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