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VIENA. El empleo de instrumentos digitales puede agilizar y hacer más eficiente el sistema judicial, aunque también conlleva peligros como la inobservancia de la privacidad o la desigualdad para quienes carecen de acceso o conocimientos para utilizar dichas técnicas, según alerta la Unión Europea en un documento difundido este jueves.
En el estudio, la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE) examina la implementación actual en siete naciones comunitarias de recursos como las vistas judiciales por videoconferencia, la notificación de infracciones en espacios virtuales o la aplicación de la inteligencia artificial para transcribir declaraciones.
El examen se enfoca en las percepciones de cerca de 200 expertos del sector judicial para determinar que, en general, ven con agrado el uso de estas tecnologías, tanto para su labor como para la salvaguarda de las garantías fundamentales.
No obstante, también advierten sobre posibles efectos negativos si las consideraciones de derechos fundamentales no se han integrado apropiadamente en el diseño de esas soluciones digitales, puesto que el derecho a un proceso equitativo o a la no discriminación podrían verse comprometidos.
“Es necesario acortar la brecha digital y asegurar el acceso a la justicia para toda la ciudadanía, para que nadie quede marginado”, indica la máxima responsable de la FRA, Sirpa Rautio, en el informe, titulado “Digitalización de la justicia: Una perspectiva basada en las prerrogativas fundamentales”.
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Como ejemplo, la FRA sugiere que se debe proporcionar apoyo práctico para ayudar a las personas a “acceder y desenvolverse” dentro del sistema judicial, y que los foráneos o no residentes no deben ser excluidos de estos sistemas por carecer de un documento de identidad del país donde se desarrolla el procedimiento.
“En el aspecto positivo, la revisión bibliográfica revela que los Estados miembros (de la UE) están esforzándose por optimizar el acceso a los portales web y a las aplicaciones móviles de los servicios judiciales para las personas con alguna discapacidad”, señala el estudio.
La FRA también demanda que en la elaboración de los nuevos sistemas digitales se incluya no solo a magistrados o fiscales, sino también a especialistas en derechos humanos, valedores del ciudadano o a las entidades de protección de datos.
Esa colaboración fomentará, según la FRA, que esas herramientas “sean inclusivas y respetuosas con los derechos del ser humano”.
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Una de las sugerencias que la FRA ofrece a los países de la UE es que mantengan alternativas análogas para aquellos que no dispongan de acceso a la tecnología o que no manejen los procedimientos para utilizarla.
El estudio concluye que es crucial capacitar a los profesionales del ámbito de la justicia, no solo en el manejo de estas nuevas herramientas, sino también en los posibles riesgos de parcialidad, la posible desigualdad o las fallas en los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), los cuales deberían “ser sometidos a valoraciones de impacto en los derechos fundamentales”.
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