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El término de la paralización del Gobierno Federal de Estados Unidos, la más extensa de su trayectoria, tras la validación ayer miércoles de un presupuesto temporal, no solo tendrá un efecto favorable para la nación norteamericana, sino también para la República Dominicana.
Así lo manifestó este jueves el analista político dominicano José Luis Morillo Frías, quien resaltó que uno de los resultados adversos más evidentes del cese de actividades del gobierno estadounidense fue la disminución en la afluencia de turistas hacia los hoteles del país caribeño.
“Sin duda alguna, cientos de dominicanos son funcionarios federales; aparte, miles de ciudadanos de Estados Unidos mantienen grandes lazos con nuestra nación. Un ejemplo de la repercusión del cierre gubernamental se observa en aquellos empleados que planeaban vacacionar en nuestras costas, pero al encontrarse sin ingresos por tantos días, sus planes han variado, dado que han tenido que tomar deudas para sufragar sus gastos básicos. De esta manera, esto restringirá el arribo de más visitantes a nuestros hospedajes”, comentó Morillo Frías.
De similar modo, apuntó que las terminales aéreas tuvieron que disminuir sus operaciones, lo cual limitó el tráfico desde Estados Unidos hacia el suelo dominicano, creando serias complicaciones en ámbitos profesional, social y económico.
“A esto hay que sumarle un descenso en el envío de remesas, lo cual afecta directamente a los hogares dominicanos que dependen de esas asistencias económicas provenientes de Estados Unidos”, indicó el especialista en derecho internacional.
Continuó diciendo: “Por consiguiente, el final del cese gubernamental contribuirá a reactivar la economía, a devolver la calma a los dominicanos que reciben sus giros y a reanudar las visitas de ciudadanos de Estados Unidos a nuestro país”.
Además, según detalló José Luis Morillo Frías, “asegura la estabilidad y paz social de esta nación, ya que su incertidumbre impacta directamente en las economías mundiales, pero de forma más urgente en la República Dominicana, que ostenta una gran dependencia de esta potencia económica”.
El experto declaró que el factor determinante para el desenlace de la paralización gubernamental de EE.UU. fue el marcado deterioro de la economía estadounidense.
“Para dimensionar el efecto del cese, basta con mencionar cómo afectó al sector del transporte, donde los perjuicios superaban los 500 millones de dólares diarios. A esto se suma el cese de actividades de personal, como los controladores aéreos, lo que supuso un grave riesgo para la seguridad aérea de unos 40 aeropuertos en Estados Unidos”, pronunció.
El jurista subrayó que la reapertura del gobierno se concretó sobre la base de un acuerdo con ocho senadores demócratas, a través del cual la administración de Donald Trump permitiría reintegrar a los más de 4,000 trabajadores federales despedidos, y avalar el soporte a programas sociales, especialmente aquellos vinculados a las ayudas alimentarias que benefician a más de 40 millones de ciudadanos. “Igualmente, se consideran apoyos para iniciativas de seguridad y las destinadas a los excombatientes, construcción militar y respaldo a la agricultura”, afirmó.
No obstante, José Luis Morillo Frías lamentó que un esquema tan trascendental como el Obamacare, que asiste a más de 20 millones de norteamericanos, quedara excluido de estos pactos y será eliminado tras diciembre del presente año.
“En resumen, el cese gubernamental finaliza como uno de los más significativos en la historia de Estados Unidos, dejando patente la gran precariedad social que atraviesa este país, la dependencia de la población a las prestaciones sociales y la fragilidad de los empleados federales ante tales circunstancias”, expresó.
“Estados Unidos ha evidenciado una dificultad de gestión que parece que se repetirá el próximo año, debido a los problemas que generará la exclusión de la cobertura sanitaria para millones de personas con la extinción del programa Obamacare, así como por la visión del presidente Trump de reducir las plazas federales y los programas de asistencia social”, añadió el también presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC).
El conjunto de fondos de continuidad presupuestaria, rubricado por el presidente Donald Trump, tendrá vigencia hasta el 30 de enero, fecha en la que el Congreso deberá ratificar asignaciones para el ejercicio fiscal completo si desea evitar otra suspensión administrativa parcial.














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