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Estados Unidos podría denegar visados a individuos con sobrepeso y otras afecciones duraderas, según reporta The Washington Post.
El ejecutivo de Donald Trump ha instruido a los oficiales encargados de conceder visados para que consideren dolencias como la obesidad y enfermedades crónicas —incluyendo problemas cardíacos, cáncer y diabetes— como motivos fundados para denegar la entrada de inmigrantes al territorio estadounidense.
El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha comunicado esta nueva directriz a consulados y embajadas norteamericanas a nivel global mediante un despacho fechado el 6 de noviembre, de cuya copia obtuvo y confirmó la veracidad el diario The Washington Post.
Con esta disposición, se expanden los parámetros médicos que antes se limitaban a dolencias contagiosas, facilitando a los responsables de visados nuevas bases para rechazar peticiones, como parte de las estrategias del mandato de Trump para restringir la inmigración.
“Se debe tener en cuenta el estado de salud del peticionario”, se indica en un informe del Departamento de Estado. En él se alerta que ciertas condiciones médicas, como afecciones cardiacas, trastornos respiratorios, cáncer, diabetes, desequilibrios metabólicos y neurológicos, además de problemas de salud mental, podrían acarrear desembolsos sanitarios cuantiosos, alcanzando cifras de cientos de miles de dólares.
El contenido del despacho sugiere además que los consulados evalúen el peso corporal como un factor significativo al decidir la concesión de visados, dado que este factor puede conducir a apnea del sueño, hipertensión y depresión clínica.
Este memorándum fue elaborado directamente por altos jerarcas políticos de la agencia, omitiendo los procesos usuales de revisión, que usualmente incluyen la opinión de empleados de carrera, según manifestó un alto cargo del Departamento de Estado que prefirió el anonimato por no estar autorizado a tratar con los medios.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, expuso mediante un comunicado que el Departamento de Estado posee la potestad desde hace un siglo de vetar visados a quienes puedan implicar un perjuicio económico para los contribuyentes, “como aquellos que busquen cuidados médicos financiados con fondos públicos en EE. UU. y que podrían agotar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos de este país”.
“La administración actual implementa por fin esta norma en su plenitud y da prioridad a los estadounidenses”, aseveró. También criticó a la administración predecesora, indicando que “quizás funcionarios de menor rango gestionaron las decisiones durante el periodo de Joe Biden, pero bajo el presidente Trump, las órdenes provienen de la cúpula, no de los burócratas del ‘poder oculto’ que se quejan ante The Washington Post”.
El texto también orienta a los funcionarios consulares a considerar nuevas pautas para negar el acceso al país, tales como si el solicitante ha superado la edad de retiro, la cantidad de personas a su cargo, como padres o hijos mayores, y si alguno de ellos padece alguna discapacidad o “requerimientos especiales”.
La nueva regulación será aplicable tanto a permisos de estancia temporal como a las solicitudes de residencia permanente por motivos de empleo o vínculos familiares. Por ahora, las visas de carácter humanitario se mantienen al margen de esta medida, si bien la administración Trump ya ha reducido significativamente esos programas desde su inicio.
“El estado sanitario siempre fue uno de los diversos parámetros legales que los oficiales consulares podían sopesar al evaluar si alguien constituía una carga pública, pero hasta ahora esa práctica era limitada y se enfocaba en escenarios específicos, como padecimientos que requerían reclusión costeada por el Estado”, explicó el letrado en temas migratorios Vic Goel.
Añadió que, en esta ocasión, el despacho ordena a los funcionarios sopesar un catálogo extenso de patologías crónicas comunes, conectándolas de manera explícita con el coste potencial de la asistencia sanitaria durante la expectativa de vida del peticionario”. Esta directriz refleja una de las posturas más rigurosas adoptadas por el gobierno de Trump en lo relativo a la inmigración legal.
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