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Santo Domingo.- El 19 de noviembre próximo, el sistema judicial dominicano evaluará la apelación contra el archivo definitivo de una querella por varios millones de dólares interpuesta por las firmas Ilmex, LTD y Dolwen, LTD. Estas acusan a varios empresarios de abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.
El expediente centra su atención en una presunta desviación de nueve millones de dólares (US$9,000,000) pertenecientes a capitalistas foráneos, y ha generado gran controversia por la forma en que fue cerrado por el Ministerio Público.
Entre los principales señalados se encuentran Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina, el inversionista jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chin, y las compañías Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.
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Los demandantes argumentan que la fiscal Ivelisse Casado desestimó el caso sin completar las indagaciones básicas, sin interrogar a los acusados ni profundizar en los hechos denunciados. Por este motivo, solicitaron una revisión judicial del asunto para reanudar el proceso penal y llevar a los implicados ante los tribunales.
Conforme al documento presentado ante la justicia, los acusados supuestamente recaudaron fondos cuantiosos a través de “papeles comerciales”, un instrumento financiero que, según la denuncia, carecía de la autorización necesaria del Banco Central o de las entidades monetarias dominicanas.
Los inversionistas habrían entregado los fondos bajo la garantía corporativa del Grupo Metro, respaldada por los bienes de las empresas vinculadas. No obstante, los denunciantes sostienen que posteriormente los activos fueron transferidos a otras sociedades bajo el control de los mismos involucrados, dejando en estado de insolvencia a las compañías que fungían como respaldo.
Los representantes legales de las víctimas aseveran que esta movilización de capital y propiedades buscó encubrir el origen y el destino del dinero, configurando así un posible delito de lavado de capitales. Consideran que el esquema fue diseñado para desproteger legal y financieramente a los inversores extranjeros.
El tribunal deberá determinar si el archivo del caso estuvo fundamentado legalmente o si existen elementos suficientes para reabrir la investigación. El desenlace de esta audiencia será crucial para evaluar la fiabilidad del sistema judicial dominicano frente a fraudes financieros de alto impacto que involucran a figuras empresariales destacadas, tanto locales como internacionales.
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