Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
LOS ÁNGELES (AP) — Una magistrada federal señaló el viernes que el gobierno estadounidense sigue vulnerando las garantías constitucionales de los migrantes recluidos al limitar su contacto con sus defensores legales en un centro de internamiento en Los Ángeles, y conminó al poder ejecutivo del presidente Donald Trump a corregir tal situación.
Sindicatos pro migrantes interpusieron la querella en julio, denunciando que el gobierno ha estado persiguiendo de forma sistemática a individuos de piel morena en el sur de California durante su ofensiva migratoria. Además, sostuvieron que los agentes de inmigración arrestaban personas basándose en su origen étnico, efectuaban detenciones sin orden judicial y vedaban a los internados la posibilidad de consultar con sus abogados en un centro de reclusión en el centro de Los Ángeles.
La jueza Maame E. Frimpong, de Los Ángeles, especificó que la resolución se fundamenta en un dictamen provisional de julio que urgía al ejecutivo a asegurar a los detenidos la posibilidad de efectuar llamadas confidenciales y gratuitas con sus representantes legales.
El Departamento de Seguridad Nacional no emitió respuesta a un correo electrónico que solicitaba comentarios.
La magistrada apuntó que las partes demandantes presentaron pruebas de que el gobierno no ha cumplido cabalmente con la orden de julio.
Dicha orden exigía que el centro de reclusión estuviera disponible para visitas de letrados los siete días de la semana, durante un mínimo de ocho horas diarias entre semana y un mínimo de cuatro los fines de semana y días festivos. Si bien las autoridades federales acataron este aspecto, el tribunal también requería que los funcionarios notificaran a los demandantes en un plazo de cuatro horas en caso de precisar clausurar las instalaciones por algún motivo, y que dicho cierre no excediera lo “sensatamente necesario”.
“El Tribunal ha revisado todos los nuevos elementos probatorios presentados por ambas partes y reitera que la administración federal está obstaculizando parcialmente la comunicación con los abogados”, redactó Frimpong en su fallo.
Mark Rosenbaum, defensor de Public Counsel, manifestó en una audiencia judicial el 23 de octubre que los juristas todavía enfrentaban dificultades para encontrarse con sus representados.
Los abogados no comenzaron a ser informados sobre el cierre de las instalaciones sino hasta el 10 de septiembre. Frecuentemente debían reunirse con sus defendidos con la puerta abierta y en presencia de custodios, lo cual imposibilitaba conversaciones privadas. Hubo ocasiones en que el centro fue cerrado debido a una protesta pacífica en otra localidad, ubicada a kilómetros de distancia, indicó Rosenbaum.
Los internados también han sido reubicados con frecuencia y sin aviso previo, a veces desde el centro de Los Ángeles hacia otros lugares donde no se permiten visitas de letrados.
“Al decretar esta medida preventiva, la jueza dejó meridianamente claro que el gobierno no puede encarcelar a individuos y privarlos del acceso a sus defensores”, declaró Rosenbaum en un comunicado posterior a la sentencia.
Esta crónica fue trasladada del inglés por un redactor de AP con el auxilio de un sistema de inteligencia artificial generativa.
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