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MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) y la Real Academia Española (RAE) rubricaron un pacto de cooperación por el cual el TC se une a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, promovida por la RAE. Esta propuesta persigue fomentar la facilidad de entendimiento del idioma en la comunidad hispanohablante y robustecer los valores democráticos.
El acuerdo fue firmado por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, titular del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, en el domicilio de esta corporación. La RAE subrayó que su meta es “asegurar que el castellano, al adaptarse a las exigencias de los usuarios, conserve su coherencia primordial”.
Con esta incorporación, el TC ratifica su dedicación a los preceptos constitucionales, facilitando que los ciudadanos capten las normativas y legislaciones en todos los países de expresión hispana.
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El alto tribunal cooperará en proyectos destinados a impulsar el idioma llano, sobre todo en lo concerniente a la justicia constitucional, y brindará soporte a la sumatoria de nuevas entidades a la red.
El TC y la RAE articularán estrategias concretas para honrar las obligaciones del convenio, incluyendo acciones dentro de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.
La Red Panhispánica, instituida formalmente en junio de 2022 en Santiago de Chile, aspira a impulsar el habla diáfana como cimiento de los principios democráticos y potenciar el trabajo conjunto entre instancias oficiales y la ciudadanía. Está abierta a todas las organizaciones públicas o privadas interesadas en reforzar la facilidad de acceso y la comprensión del lenguaje en la esfera pública.
El Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación y fiscalización de la constitucionalidad en la República Dominicana, fue instituido por la Carta Magna del 26 de enero de 2010. Su cometido es salvaguardar la preeminencia constitucional, tutelar los derechos fundamentales y velar por la observancia del orden legal.
Las resoluciones del TC son definitivas e inapelables, y establecen jurisprudencia obligatoria para los poderes públicos y todos los organismos estatales. El tribunal mantiene su independencia respecto a los demás poderes e instituciones del país.
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