Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump advirtió el jueves que podría retener cerca de 75 millones de dólares en fondos si Pensilvania no anula de inmediato lo que el gobierno federal considera son permisos de conducir comerciales otorgados de manera irregular a inmigrantes.
La amenaza de sancionar a Pensilvania por parte del secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, llega tras una acción similar dirigida a California. Ambos estados son liderados por demócratas, los cuales han criticado a la gestión de Trump y son vistos como probables contendientes a la candidatura presidencial demócrata en 2028.
Duffy ha priorizado la revisión de cómo se emiten estas licencias desde agosto, cuando un camionero indocumentado provocó un accidente fatal en Florida que resultó en tres muertes. Ese incidente puso el tema en la atención pública.
No se sabe cuántas personas se verían afectadas en Pensilvania. Una misiva enviada por el gobierno federal al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, indicó que una auditoría descubrió que dos de cada 150 individuos poseían permisos de permanencia en el país que expiraban antes que sus licencias de conducir comerciales.
El gobierno de Trump exige a Pensilvania suspender la expedición de nuevos permisos comerciales, las renovaciones y transferencias. Además, pide que realicen una auditoría para identificar aquellas licencias que caducan posterior a la fecha de vencimiento de la estancia legal del conductor en Estados Unidos.
También solicitan al estado que revoque las licencias que no cumplan con la normativa y retire a esos conductores de las carreteras.
Los gobernadores de California y Pensilvania, Gavin Newsom y Shapiro, son opositores firmes de Trump y han sido blanco constante de la administración federal.
El equipo de Shapiro ha aclarado que el Departamento de Transporte estatal dejó de emitir permisos comerciales a no ciudadanos después de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes publicara una regla a fines de septiembre que restringe severamente qué inmigrantes pueden obtener dicho permiso.
Un tribunal federal ha detenido esa norma por el momento, pero el gobierno de Shapiro señaló que su Departamento de Transporte aún no ha reanudado la emisión de lo que se denominan “licencias de conducir comerciales para no residentes”.
Por su parte, el Departamento de Transporte estatal especificó esta semana que cada vez que un solicitante no ciudadano pide una licencia comercial en Pensilvania, la agencia revisa los documentos migratorios y de naturalización necesarios y coteja su estatus legal mediante la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Sin embargo, Shapiro sugirió esta semana que el DHS estaba fallando al no actualizar correctamente esa base de datos, la cual los estados usan para confirmar la situación legal de un inmigrante antes de otorgar una licencia.
Sus comentarios surgieron después de que el DHS informara el arresto de un ciudadano uzbeko con una licencia comercial emitida por Pensilvania. Este hombre, con permiso de trabajo vigente hasta 2024, era buscado en su país por supuestos vínculos con una organización terrorista, según el DHS.
Pero Shapiro afirmó que el Departamento de Transporte estatal consultó la base de datos federal en el verano antes de expedir la licencia comercial al hombre, y en ese momento estaba autorizado. El estado volvió a revisar la base de datos esta semana y seguía apareciendo como elegible para el permiso, indicó Shapiro.
“Claramente no están haciendo su trabajo, y deben mejorar, porque todos los estados del país dependen de esta base de datos para decidir quién califica para una licencia comercial. Confiamos en la información federal antes de emitirla”, agregó Shapiro.
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Esta noticia fue adaptada del inglés por un editor de AP con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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