Miami. Dentro del concepto de agresión hacia las mujeres se engloba todo acto u omisión con perspectiva de género que provoque perjuicio físico, sexual, psicológico, económico o simbólico. Sucede en el hogar, en la vía pública, en el entorno laboral… y también en el ámbito digital.
La premisa es idéntica: ejercer dominación, impartir castigo o imponer el silencio por el simple hecho de ser mujer o por transgredir las normas de género, perpetrado por parejas, familiares, compañeros de trabajo o personas desconocidas.
La agresión digital contra la mujer se manifiesta usando la tecnología como instrumento de ataque: redes sociales, aplicaciones de mensajería, foros, videojuegos, servicios en la nube, aparatos conectados. “Al ponerle nombre, delimitamos un ámbito con sus propias reglas, donde viejas dinámicas se ven amplificadas por instrumentos novedosos”, comenta a EL UNIVERSAL Bárbara Gutiérrez, psicóloga, exanalista de ciberseguridad y madre.
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“Si bien puede sonar repetitivo, es crucial resaltarlo: cualquier forma de agresión digital hacia una mujer es agresión hacia la mujer”, afirma González. “Lo digital define el medio, las estrategias, la magnitud del daño y las vías de acción que hoy requieren organismos, prensa y público para detener este asedio”.
El panorama difiere entre naciones, pero todas comparten un punto en común: se trata de un fenómeno complejo, en aumento, que demanda una adaptación cada vez mayor de los marcos legales.
El pasado marzo, la National Organization for Women (NOW) y la consultora Incogni publicaron un estudio representativo que abarcó a 5,110 féminas y reveló que el 25% de las estadounidenses ha experimentado abuso o acoso en internet. La mayoría de las afectadas indica que las ofensas, que van desde hostigamiento sexual y *doxxing* (reunir información privada de alguien sin autorización para hostigar, intimidar o coaccionar) hasta *swatting* (práctica ilícita de alertar falsamente a un servicio de emergencia sobre un incidente grave en la vivienda de una víctima para provocar una respuesta urgente), impactaron de manera seria o considerable sus vidas; el 69% considera insuficientes las leyes vigentes para su protección. El estudio también muestra disparidades: el 37% de mujeres de ascendencia mixta y el 31% de las latinas o hispanas reportan índices particularmente elevados. La prevalencia aumenta entre los 18 y 34 años.
La Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja Íntima en Estados Unidos (NISVS), realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC) para el periodo 2023/2024, con resultados de 2025, muestra que a lo largo de su existencia, el 22.5% de las mujeres, lo que representa 28.8 millones, ha padecido *stalking* (acecho con fines intimidatorios, de vigilancia o control); en el último año antes de responder, la cifra fue del 5.5%, es decir, 7 millones de mujeres. El detalle está en el modo del hostigamiento: el 46.8% recibió mensajes no solicitados por redes sociales y el 36.3% denunció monitoreo a través de sus perfiles; el 15.6% fue geolocalizado por GPS, el 20.1% detectó software espía en sus aparatos y el 12.6% sufrió vigilancia con cámaras ocultas. Son patrones modernos de control y persecución que ya son parte del entorno de la agresión, documentaron los CDC.
A la par del perjuicio emocional y a la imagen, la repercusión financiera ha crecido drásticamente. El FBI registró en 2024 un total de 859,532 denuncias de delitos cibernéticos, con pérdidas por 16,600 millones de dólares, un récord histórico. Entre las clasificaciones se encuentra “Acoso/Acecho” (*Harassment/Stalking*), con 11,672 quejas; la coacción (que incluye la sextorsión) alcanzó 86,415. Aunque el IC3, Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, no segmenta por sexo, estas categorías abarcan formas de agresión digital que afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
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La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) informó que en 2024 los consumidores perdieron 12,500 millones de dólares por fraude (un alza interanual del 25%). Esto incluye las farsas amorosas, que usualmente inician en aplicaciones y redes y frecuentemente se vinculan con abuso sexual o económico, y que son un medio principal de perjuicio digital, si bien la agencia no ofrece un desglose por género.
El ciclo 2023-2025 también consolidó evidencia, tanto académica como periodística, sobre el modo en que los *deepfakes* sexuales y la divulgación sin consentimiento de imágenes íntimas impactan a mujeres y jóvenes en EE. UU. Reportes y análisis recientes del FBI/IC3 enfatizan que la inmensa mayoría de los “videos manipulados” de índole sexual se dirigen a víctimas femeninas, un área donde la respuesta legal y de las plataformas aún ofrece escasa protección.
En México, en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 90.3 millones de personas de 12 años o más utilizaron internet; de ese conjunto, 47.6 millones eran mujeres y el 22.2% de las usuarias (cerca de 10.6 millones) reportó ciberacoso.
“Los datos oficiales, en líneas generales, apenas representan la superficie del problema real; son bastantes más millones los incidentes no notificados y se entiende, muchísimas mujeres reciben hostigamientos a diario y no alcanzarían a terminar el día si denunciaran todo”, sostiene González.
En ese mismo año, 2024, las afectadas mexicanas señalaron principalmente agresiones vía WhatsApp (39.8%) y Facebook (39.7%) y, en menor medida, por llamadas a sus móviles (29.3%). Solo el 11.2% de quienes sufrieron ciberacoso lo puso en conocimiento del Ministerio Público, una fiscalía regional o la propia proveedora del servicio. Entre las secuelas emocionales, el 34.5% de las mujeres indicó haber sentido temor.
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Rocío comparte su mala experiencia con este diario. “Al principio fueron bromas hirientes en una cuenta de Instagram donde compartían fotos mías; cuando logré que bloquearan el perfil, abrieron tres más; pero esta vez con imágenes mías desnudas creadas por inteligencia artificial. Finalmente conseguí que cerraran todas, ya no aparecieron, pero el daño ya estaba hecho”.
A pesar de que en México se promulgó la Ley Olimpia para hacer frente a la agresión digital, en la capital, aunque entre 2020 y julio de 2024 se presentaron 3,750 quejas por delitos contra la intimidad sexual, apenas el 6% llegó a proceso judicial (229 casos). El propio desglose anual sugiere un incremento en las denuncias, pero un atasco permanente para que estas sean vistas por un juez.
En otras partes del Continente Americano coexisten progresos legales con cifras que evidencian la magnitud de la problemática. En Argentina, la ley conocida también como Ley Olimpia integró en 2023 la agresión digital como un tipo de violencia de género dentro del marco de protección integral, reconociendo explícitamente el hostigamiento, la vigilancia y la distribución de material íntimo sin consentimiento. Fue un logro normativo impulsado por las damnificadas que llevaron el tema desde la sociedad civil hasta el Boletín Oficial.
En Brasil, después de un pico histórico de 150,847 reportes en 2023 de delitos y violaciones a derechos humanos en línea recibidos por su centro nacional, 2024 concluyó con poco más de 100,000 reportes, lo que representa una baja significativa en el volumen. No obstante, ONU Mujeres levantó una alerta por los casos referentes a material vinculado con abuso sexual infantil a través de las plataformas.
En Colombia, investigaciones impulsadas por organizaciones como Fundación Karisma y centros de observación electoral han documentado que las candidatas y líderes femeninas son blanco de campañas de desprestigio, hostigamiento organizado y persecución en redes con el objetivo de desalentar su participación y socavar su credibilidad. Durante las elecciones locales de 2023, los seguimientos y sondeos cualitativos describieron patrones de ataque con efectos disuasorios y mecanismos de atención insuficientes.
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En el Caribe, este obstáculo se relaciona con dos factores: una violencia basada en el género históricamente alta y una estructura estadística que aún se está desarrollando, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONU Mujeres. Jamaica, por ejemplo, se apoya en su Ley de Delitos Cibernéticos (*Cybercrimes Act*) para perseguir comunicaciones maliciosas y acoso en línea, pero los llamados de expertos y del ámbito judicial regional recalcan que la respuesta penal debe complementarse con servicios accesibles y procedimientos de queja eficaces.
En Canadá, el sistema de reporte Cybertip.ca registró más de 2,600 incidentes de sextorsión entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 y la Policía Montada Real ha advertido sobre un fuerte incremento de sextorsiones con fines económicos dirigidas a adolescentes. Este panorama se suma a un flujo constante de denuncias por difusión no autorizada de imágenes íntimas y al desarrollo de herramientas tecnológicas como el Proyecto Arácnido (*Project Arachnid*), que ha enviado millones de avisos de retiro de material de abuso sexual infantil a proveedores en cerca de un centenar de países. Aunque parte de estos indicadores se enfocan en niñas y jóvenes, los patrones de victimización y perjuicio muestran consecuencias desproporcionadas para las mujeres y exigen respuestas coordinadas entre policía, fiscalías y plataformas.
Europa opera hoy con una guía regulatoria más clara. En 2024, la Unión Europea aprobó la Directiva (UE) 2024/1385 para combatir la agresión contra las mujeres y la violencia doméstica, que por primera vez unifica la tipificación penal de comportamientos digitales clave: acoso cibernético, persecución digital, incitación al odio por razón de género y la distribución, incluyendo la modificación, de material íntimo sin consentimiento. El EIGE, Instituto Europeo para la Igualdad de Género, avanzó en un esquema de medición específico para la “agresión cibernética contra mujeres y niñas”, buscando estandarizar las estadísticas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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