La República Dominicana, siendo un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, ha documentado cerca de 1,110 rescates de víctimas de este crimen organizado durante la última década.
María Victoria, un seudónimo usado para resguardar su identidad, es una de ellas.
Ha transcurrido una década desde aquel suceso que transformó su existencia. Ha pasado por diversas terapias que le permiten abordar el tema con mayor sosiego; sin embargo, el dolor persiste, visible en el nudo que se le forma en la garganta al relatarlo.
La trata de personas, considerada una de las violaciones más graves de los derechos humanos, implica la captura, el traslado y el confinamiento de individuos con fines de explotación, ya sea sexual, laboral o por servidumbre, entre otros motivos.
María Victoria tenía solo 16 años cuando un conocido de un amigo la llevó a una casa donde le ofrecieron un jugo que contenía una sustancia que le hizo perder el control de sus facultades.
En esa residencia, esta joven, descrita como alegre y optimista, pasaba las mañanas “adormecida” y a merced de varios hombres; fueron cuatro o cinco noches que para ella se sintieron como una eternidad.
“Me llevaban a distintos lugares para venderme, hasta que un día él me condujo a un sitio parecido a un monte y me dijo que me mataría”, relata María Victoria, recordando que fue abandonada junto a otra persona en una obra de construcción cerca de la Circunvalación Norte, cuando la autopista aún estaba en construcción.
Ante la ausencia de su secuestrador, aprovechó la oportunidad para escapar. Si no lo lograba, su futuro oscilaba entre la muerte o ser transferida a alguien en Puerto Plata, al menos eso escuchó decir a quien la había raptado antes de retirarse a finalizar los arreglos para llevarla a la ciudad conocida como “la novia del Atlántico”.
Logró volver a casa, aunque los detalles de su huida son confusos en su memoria debido a la vivencia tan traumática. Su familia la buscaba frenéticamente. Ella compartió lo ocurrido con sus padres y, tras una denuncia, se inició el proceso legal.
La Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha abierto 286 investigaciones relacionadas con este delito en los últimos diez años.
Excluyendo los datos de 2023, que no están disponibles, solo 104 investigaciones han concluido en sentencias condenatorias, según información proporcionada por el Poder Judicial, el cual registra 446 casos de infracciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas entre enero de 2015 y junio de 2025.
El procedimiento fue sumamente extenso, según la joven, quien tuvo que presentarse dos años después, ya siendo mayor de edad, ante sus explotadores durante el juicio principal. Esto genera un desgaste económico para la familia afectada, además de un impacto mental y emocional.
Las imprecisiones en su relato podrían deberse a que “cuando una persona atraviesa este tipo de trauma, ocurre una fractura a nivel cognitivo donde el cerebro bloquea detalles para protegerse”, explica Luz Antonio, psicóloga clínica con experiencia en asesoramiento y apoyo a víctimas de trata.
María Victoria recibió apoyo legal de la organización Misión Justicia Internacional (IJM, por sus siglas en inglés), y también tuvo seguimiento psicoemocional; es al recordarlo cuando la opresión en su garganta comienza a ceder ligeramente.
La entidad ya no opera en el país, y al mirar a su psicóloga, presente durante la entrevista, su voz tiembla.
“Ya no confío en las personas, tampoco creo en la justicia”, afirma, señalando las principales secuelas que le dejó este trauma. Un trauma que también superó gracias al apoyo recibido en un refugio privado para mujeres, donde convivía con adultas y menores.
En ese momento, el Estado aún no disponía de un espacio destinado para estos fines. El Ministerio de la Mujer inauguró una casa de acogida para mujeres víctimas de trata y tráfico en 2021, por la cual han pasado cerca de 218 mujeres y niños.
De acuerdo con los reportes anuales de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim) entre 2015 y 2024, en el país se han identificado diversas modalidades, siendo las mujeres y los menores (niños, niñas y adolescentes) los grupos más susceptibles a la trata sexual.
Esta tendencia se ha mantenido constante, pero desde 2017, la identificación de casos de mujeres foráneas víctimas en el territorio nacional, principalmente de nacionalidad venezolana, ha aumentado debido al alto flujo migratorio originado por la situación social, política y económica de su nación.
Además, a lo largo de la historia, los individuos procesados judicialmente no solo han sido dominicanos, sino también de nacionalidades como alemana, venezolana, estadounidense y canadiense, entre otras.
En 2015, apenas se estaban identificando nuevos focos de explotación sexual a nivel nacional, como Juan Dolio y Boca Chica, en la Provincia San Pedro de Macorís, lugares donde no se habían registrado casos judicializados previamente. En cuanto a destinos internacionales, para el año 2015, las víctimas dominicanas de trata fueron enviadas a Uruguay y Argentina, en Sudamérica, y a Haití, en el Caribe.
Hasta la fecha, los operativos de rescate se han concentrado en establecimientos nocturnos y bares de la capital y ciudades del interior, incluyendo Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Sosúa, La Romana, Monte Cristi y Santiago, entre otras provincias.
María Victoria es originaria de esta última provincia mencionada y no ha podido retornar. El individuo acusado de ser su agresor fue puesto en libertad y vive cerca de su domicilio.
Igualmente, ella intentó regresar, y con su vuelta se reanudaron las intimidaciones por parte de su agresor y otras personas que, según la entrevistada, manejan un punto de venta de drogas.
También persisten los juicios y el señalamiento por parte de quienes la conocen.
La falta de confianza en los demás y días llenos de aflicción continúan a pesar del apoyo psicológico recibido por María Victoria. Han pasado varios años desde que el caso se cerró, pero la psicóloga Luz Antonio señala que cuando un sobreviviente no percibe que se ha hecho justicia, siente que su caso no se valora o no se le da la importancia debida, lo que ralentiza la recuperación.
Además, en el caso de los menores, una vivencia así trunca su plan de vida; no asumen la vida de la misma manera, su aprendizaje difiere y su capacidad de confiar también se ve afectada.
María Victoria denuncia que sus captores siguen llevando niñas a su casa para explotarlas sexualmente, que los vecinos están al tanto, pero lo han normalizado, “hacen como si no vieran”.
Este es uno de los mayores obstáculos en la lucha contra este flagelo, junto con otros desafíos contextuales como el desconocimiento general sobre cómo denunciar, según la procuradora titular de la PETT, Yoanna Bejarán Álvarez.
“Hay una escasa conciencia social sobre la trata de personas como un delito grave; por el contrario, es una práctica normalizada y culturalmente aceptada. Un ejemplo de esto es la mendicidad y los matrimonios forzados; es más, muchas veces se culpabiliza a las propias víctimas por los agravios sufridos, como ocurre con la explotación sexual”, añade Bejarán.
Otro punto que la magistrada menciona como obstáculo es la necesidad de mayor especialización y formación de los actores del sistema en este delito; así como el fortalecimiento institucional; sin obviar las reformas a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, “que, aunque ha avanzado con las enmiendas 63-24 y 46-25, todavía requiere que se modifiquen algunos aspectos de la norma”.
Bejarán destaca que, si bien existe colaboración con otros países y organismos internacionales, “requerimos de una coordinación más efectiva con ciertas naciones”.
“Este crimen generalmente implica el movimiento de víctimas a través de fronteras y la actividad de redes criminales transnacionales. En la República Dominicana, esta cooperación facilita el intercambio de información de inteligencia, la coordinación de acciones conjuntas, la agilización de órdenes de arresto y extradiciones, y la protección de las personas trasladadas entre países”, explica Bejarán.
Entidades como la Interpol, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), y acuerdos bilaterales con Haití, Estados Unidos, España y otros países, han sido cruciales para desmantelar redes y liberar a víctimas. Según la representante del Ministerio Público, sin esta colaboración, las investigaciones se ven limitadas, dado que las evidencias, testigos y responsables a menudo se encuentran en distintas jurisdicciones, impidiendo una gestión eficaz únicamente a nivel nacional.
Por otra parte, aunque el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) cuenta con refugios, otra dificultad que enfrenta el país, según Luz Antonio, es la carencia de casas de acogida especializadas para varones menores de edad.
“Hemos progresado como nación desde que comencé en 2017; ahora hay mayor conciencia desde el ámbito judicial y de otras instituciones, pero aún nos hacen falta servicios y comprender mejor este perfil”, comenta Luz Antonio.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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