Salud

Defensoría Pública pide clausura del centro correccional para jóvenes en La Vega

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El centro de reclusión especializado —pues le cambiaron el nombre, pero no la infraestructura ni las condiciones para merecer tal denominación, conforme a la ley— debe ser demolido.

La titular nacional de la Comisión de Cárceles y coordinadora de la Defensa Pública de La Vega, Elizabeth Rodríguez, urgió al cierre total o una reestructuración inmediata del Instituto Preparatorio de Menores Doctor Máximo Antonio Álvarez, debido al estado deplorable en que conviven los niños y adolescentes recluidos en esa instalación, quienes claman por una enseñanza de calidad.

“El centro de reclusión especializado —pues le cambiaron el nombre, pero no la infraestructura ni las condiciones para merecer tal denominación, conforme a la ley— debe ser demolido. Nosotros, como Comisión de Cárceles, hemos insistido enérgicamente en el cese definitivo del centro de La Vega; no es apto para la reeducación ni rehabilitación de ningún joven”, afirmó Rodríguez.

Elizabeth califica como “lamentable” la situación en este y otros centros del país que, en teoría, deberían contribuir a reintegrar a la sociedad a menores infractores en condiciones de rehabilitación, previniendo así futuras reincidencias.

Señala que la mayoría de los menores infractores provienen de entornos familiares complejos y han carecido de oportunidades educativas, por lo que, al llegar a un centro de internamiento, lo mínimo que merecen es acceder a formación académica.

Subraya que en el centro vegano ni siquiera disponen de una extensión de distrito escolar para impartir clases y otorgar títulos avalados por el Ministerio de Educación (MINERD); los alumnos reciben lecciones a través de Radio Santa María.

Asimismo, el INFOTEP, cuya responsabilidad es ofrecer capacitación técnica, solo ha provisto un par de cursos al centro de La Vega hace unos meses.

La coordinadora de la Defensa Pública de La Vega mencionó que previamente se trasladaba a los adolescentes internos a una escuela cercana para su educación, pero esta práctica se suspendió por el riesgo que implicaba para el resto del alumnado.

Ministerio de Obras Publicas

“En la Defensa Pública, ofrecemos charlas continuamente a estos jóvenes, y uno de los puntos clave que nos expresan es que están hartos de nuestras inducciones; lo que realmente necesitan es estudiar y capacitarse”, comentó.

“Hago un llamado humanitario por los jóvenes de La Vega, quienes nos han manifestado su deseo de estudiar y mejorar su situación”, concluyó.

También expresó su preocupación por el tema de la alimentación, dado que los comedores económicos entregan víveres crudos en muy mal estado; incluso el arroz ha llegado infestado de larvas, una realidad que se repite en diversos centros del país, tanto de menores como de adultos.

“El Estado tiene el deber de proveer todo lo necesario a una persona privada de libertad. Las condiciones mínimas de reclusión deben respetarse, tal como lo estipulan las Reglas de Mandela, de las cuales el país es signatario”, sentenció.

Además, manifestó la inquietud de la Defensoría Pública respecto a la seguridad, señalando que dependen únicamente de personal de la Policía Nacional, lo que resulta en una protección escasa y ha facilitado fugas y agresiones a los jóvenes. Adicionalmente, han recibido reportes de torturas a menores en el centro Cuidad del Niño.

El Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión de 2023, elaborado por la Defensoría Pública nacional, documenta el estado de esta instalación, y según Elizabeth Rodríguez, las condiciones actuales son idénticas.

El documento indica que el centro carece de una infraestructura apropiada; las instalaciones evidencian un notable deterioro, con grietas, daños estructurales, zonas debilitadas por el paso del tiempo, humedad y filtraciones.

Las camas no son adecuadas para personas, y menos para menores de edad, pues consiste en estructuras de concreto con colchones delgados, dispuestas una junto a otra, con más de 20 por pabellón, durmiendo todos hacinados, detalló.

En cuanto a la salud, el centro dispone de un médico y tres enfermeras que evalúan a los infractores al ingresar, llevándoles un expediente médico de consultas, dolencias y patologías.

El galeno, a pesar de la escasez de medicamentos y material por parte del proveedor (la Procuraduría General), solicita donaciones y logra atender a los jóvenes, remitiéndolos al hospital cuando el tratamiento lo requiere.

Respecto a la comida, se reporta una gran deficiencia y carencia de víveres, especias y azúcar. Señala que las zanahorias y plátanos son descartados pues se deterioran rápidamente al carecer de una cámara frigorífica para conservar los alimentos, especialmente las carnes; solo cuentan con un congelador insuficiente y los intentos por conseguir otro no han prosperado.

Por ende, la ración alimenticia es insuficiente y, en gran medida, de baja calidad, sin poderse conservar adecuadamente.

A esto se suma el mal estado de la cocina, deteriorada, con humedad, presencia de moscas y falta de salubridad, a pesar del esfuerzo del personal. Muchas de estas problemáticas son consecuencia directa del precario estado de la estructura del centro, según apunta el informe.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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