La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, señaló que el Poder Judicial dominicano promueve una justicia abierta para asegurar el acceso efectivo de individuos con discapacidad, alineándose con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU.
Sus comentarios se produjeron durante la conferencia “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad”, un encuentro virtual que congregó a expertos y representantes de entidades judiciales e instituciones de República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Paraguay, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cada 3 de diciembre.
La magistrada enfatizó que la justicia abierta es crucial para integrar a las personas con discapacidad en las decisiones, reforzar la rendición de cuentas y supervisar adecuadamente las estrategias de inclusión.
Subrayó que desde el Poder Judicial se fomenta la innovación tecnológica mediante recursos digitales accesibles y una cultura interna cimentada en la inclusión y el respeto a la diversidad.
“La justicia abierta posibilita la creación de un sistema judicial más transparente, participativo y equitativo, garantizando condiciones de igualdad para todos, lo cual concuerda con los compromisos internacionales suscritos por el Estado dominicano”, afirmó la magistrada.
Anticipó que uno de los desafíos de la justicia dominicana es seguir impulsando el acceso de las personas con discapacidad, y sobre esa base se está trabajando en la remoción de obstáculos físicos, comunicacionales y de actitud.
Mencionó que se está llevando a cabo la capacitación del personal judicial en derechos humanos y discapacidad, en colaboración con organismos nacionales e internacionales pertinentes.
Entre los retos que el Poder Judicial enfrenta para cumplir con el artículo 13 de la CDPD, mencionó la adecuación de los edificios judiciales con la instalación de rampas y la mejora de pasillos angostos, la colocación de elevadores, señalización en braille, implementación de sistemas de audio o la provisión de intérpretes de lengua de señas dominicana y adaptaciones tecnológicas para facilitar el acceso digital a personas con limitaciones visuales o auditivas.
Añadió que los operadores del sistema (jueces, fiscales, defensores, secretarios y policías judiciales) necesitan entrenamiento constante para aplicar eficazmente el enfoque inclusivo, sobre todo ante la persistencia de prejuicios y estigmas que obstaculizan la participación plena de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.
En este contexto, la magistrada Nancy Salcedo indicó que la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) está desarrollando material educativo, ajustes curriculares y programas de formación continua en derechos humanos y trato digno para fomentar la sensibilización en discapacidad.
Entre las iniciativas puestas en marcha por el Poder Judicial en beneficio de este sector de la población se encuentran la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, el Plan de Accesibilidad para Edificaciones Judiciales, Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, Protocolo de Trato Digno en el Acceso a la Justicia para Personas LGBTUQ+, y Personas con Discapacidad y Migrantes, y la Guía respectiva.
Asimismo, los protocolos de trato digno para el acceso a la justicia de la niñez y adolescencia, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, privadas de libertad, de atención para mujeres víctimas de violencia y de trato digno para el acceso a la justicia de adultas mayores.
También es notable la capacitación y certificación de 42 personas en lengua de señas, por medio de la Escuela Nacional de la Judicatura, en conjunto con el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS). Estas personas cumplen la función de intérpretes judiciales en audiencias y en los centros de entrevistas forenses en casos que involucren a víctimas, testigos o imputados con discapacidad auditiva.
Reconocimientos
Las acciones de inclusión implementadas por el Poder Judicial en favor de las poblaciones vulnerables le han valido distinciones como el Sello RD Incluye, una iniciativa promovida por el Consejo Nacional de la Discapacidad y el PNUD dirigida a organizaciones públicas y privadas que fomentan el acceso y la participación de las personas con discapacidad.
De igual modo, este poder del Estado ha sido reconocido por sus buenas prácticas en materia de Accesibilidad Universal, la impresión en formato de fácil lectura de la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad, y el censo sociodemográfico del personal del Poder Judicial que incluye indicadores de discapacidad.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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