Los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con visas de estudiante, trabajo o turismo también se verán afectados. El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó el viernes revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Esto ocurre después de que varios tribunales inferiores impidieran a Trump derogar las leyes que otorgan la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump prohibiría al gobierno federal emitir pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuyas madres sean indocumentadas o residan temporalmente en el país, y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes. Los niños cuyos padres residan temporalmente en Estados Unidos con visas de estudiante, trabajo o turismo también se verán afectados. El principio de la ciudadanía por nacimiento se ha establecido durante más de 150 años en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana estadounidense. Esta enmienda constitucional fue ratificada después de la Guerra Civil en 1868 para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.
La Corte Suprema limitó hasta el 27 de junio la facultad de los jueces para bloquear la escalada nacional de decisiones ejecutivas que considera ilegales. Sin embargo, la Corte Suprema no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva que dio origen a la demanda. Trump emitió la orden inmediatamente después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, alegando que su objetivo era combatir la inmigración ilegal. En un informe presentado ante la corte, el fiscal general de Trump, John Sauer, argumentó que “la concesión indebida de la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados ha causado un daño material a Estados Unidos”. “Lo más obvio es que socava la integridad territorial de Estados Unidos al crear un fuerte incentivo para la inmigración ilegal”, declaró Sauer.
La orden ejecutiva estaba prevista inicialmente para entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales la declararan inválida. El juez del estado de Washington, John Kugnauer, quien presidió el caso, calificó la orden ejecutiva de “claramente inconstitucional”. “En mis más de cuatro décadas como juez, nunca he visto un caso tan claro como este”, declaró el juez Kugnol, designado por el presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989). Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores, tres de los cuales fueron nombrados por Trump durante su primer mandato (2017-2021). “Esperamos que la Corte Suprema ‘revoque por completo esta perjudicial orden'”, declaró Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha liderado los recursos legales para eliminar la ciudadanía por nacimiento.
“Los tribunales federales de todo el país han rechazado sistemáticamente los intentos del presidente Trump”, declaró Wang. “Eliminar esta protección constitucional fundamental es inaceptable. Privar de la ciudadanía a cualquier niño nacido en Estados Unidos sería devastador y absolutamente cruel”. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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