A pesar de anunciar que se realizaban investigaciones por denuncias de corrupción administrativa contra directores y ministros de instituciones públicas del Gobierno de Luis Abinader, hasta este sábado solo los exadministradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intant), Hugo Beras, y de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, habían sido llevados a la justicia.
A pesar de anunciar que se realizaban investigaciones por denuncias de corrupción administrativa contra directores y ministros de instituciones públicas del Gobierno de Luis Abinader, hasta este sábado solo los exadministradores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intant), Hugo Beras, y de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, habían sido llevados a la justicia y vinculados a actos que violan el buen desempeño de sus funciones.
A estos dos exfuncionarios se sumó Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalado por corrupción administrativa y dejado bajo arresto ayer sábado, tras un interrogatorio en la Procuraduría General de la República.
En el caso de la administración de Hugo Beras también fueron señalados y llevados a la justicia otros cinco empleados del Intrant, mientras que en la Lotería al menos cinco colaboradores de esa entidad fueron procesados.
El caso de Hugo Beras salió a la luz en septiembre de 2024, luego de que a finales de agosto de ese año se generara un apagón en los semáforos de la capital, lo que destapó la adjudicación de contratos millonarios y fraudulentos a las empresas Transcore Latam y Aurix, propiedad de José-Jochi Gómez Canaan. Estas empresas, de acuerdo con el órgano acusador, no contaban con las capacidades técnicas requeridas.
El Ministerio Público acusó a Beras; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, exdirector financiero.
Además, a Jochi Gómez se le imputó asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y coalición de funcionarios en el plan de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El caso fue denominado “Operación Camaleón”.
A Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovani Báez se les dictó una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres. Asimismo, a Baquero Sepúlveda y Frank Díaz Warden se les impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
A Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Un mes después, el 11 de noviembre de 2024, se varió la medida de coerción de Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovani Báez, por no existir “peligro de fuga ni peligro procesal”. Este caso continúa en la justicia dominicana.
El 27 de octubre de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación y solicitó apertura a juicio para los vinculados a este caso y a siete empresas.
En este expediente también se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El primero de mayo de 2021 se evidenció en televisión nacional un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional que llevó a la cárcel a 10 personas, incluyendo a su administrador Luis Maisichell Dicent, bajo medida de coerción.
El grupo estaba acusado de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y otros delitos.
Otros empleados de la Lotería vinculados al caso fueron Valentina Rosario Cruz, presentadora; Jonathan Brea, empleado del Departamento de Sorteos; Carlos Berigüete, técnico en informática; Miguel Mejía (no vidente que simuló pasar el boleto 13) y Miguel Mesa, encargado de transportar a las personas no videntes que trabajan en la institución.
El presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (FENABANCA), William Lisandro Rosario Ortiz; Felipe Santiago Toribio; Eladio Batista Valerio; Edison Manuel Perdomo Peralta y Felipe Santiago Toribio (A) Chago.
Seis de los acusados se declararon culpables y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público.
Por el caso, denominado “Operación 13”, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional por falta de pruebas que lo vinculen en el fraude, además de a Edison Perdomo Peralta.
William Lisandro Rosario fue condenado a siete años de prisión; Eladio Batista, a seis años; ambos fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, quienes admitieron los hechos, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos con pena suspendida. Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida.
El Ministerio Público indicó que apelaría esta sentencia, aunque no se conoce información sobre esta acción.
El 30 de octubre de 2021, luego de un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, se inició una investigación contra el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, quien supuestamente adjudicó un contrato fraudulento a la empresa internacional Mia Cargo, asumida por el Ministerio Público y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, esta última en ese entonces directora de Persecución del Ministerio Público, lo entrevistaron varias veces.
En 2023, a través de su cuenta de Twitter, Peguero solicitó a ambas entidades explicar al país el resultado de la investigación, debido a que la situación afectaba su familia y carrera.
En otro caso, en 2021, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental también anunciaron una investigación en torno a la exministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, quien fue cancelada de sus funciones tras denuncias que señalaban que supuestamente tenía la intención de beneficiar a dos empresas en licitaciones.
Nunca se conocieron avances de la investigación ni si las acciones de Luz del Alba correspondían realmente a corrupción administrativa.
En plena pandemia, en Navidad de 2020, Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno. A cambio, actuarían en conciertos virtuales y futuros.
Ante esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en la contratación de 55 artistas por más de RD$55.6 millones, al determinar que se hizo sin cumplir el debido proceso. Esta sanción nunca se conoció.
En agosto de este año, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, informó que someterá a la justicia al exadministrador de Edeeste, Manuel Mejía Naut, por supuestamente manipular la factura eléctrica de al menos 42 mil clientes. Aún no se conoce si la acusación ha sido presentada.
El sábado 13 de septiembre, el Gobierno sometió ante la Procuraduría General de la República un informe que revela “graves irregularidades” en la administración de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la adjudicación de contratos.
Esta acción se realizó tras una serie de reportajes que evidenciaban diversos actos de corrupción administrativa en la adjudicación de contratos a empresas.
Este sábado, el exfuncionario se presentó ante este órgano para responder algunas inquietudes vinculadas a supuestos actos de corrupción.
Tras varias horas de interrogatorio se informó que fue detenido. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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