El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Santiago Hazim, junto a otras siete personas, se encuentran detenidos desde el sábado en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La Procuraduría General de la República (PGR) los acusa de defraudar a la administradora estatal de riesgos de salud por miles de millones de pesos. El Ministerio Público (MP) ha denominado el desmantelamiento de esta red como “Operación Cobra”.
Hasta el momento, han sido arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero del Senasa; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; el empresario Eduardo Read Estrella, de Khersun S.A.; Cinty Acosta Sención, de IntraCare; Ramón Alan Speakler Mateo, del grupo Suilrod; y Ada Ledesma Ubiera, vinculada a la farmacéutica Lufarka.
Más de 20 fiscales, apoyados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, realizaron 12 allanamientos a miembros de esta red. Otras personas, tanto físicas como jurídicas, continúan bajo investigación con el objetivo de judicializarlas a medida que avancen las indagatorias.
Entramado
Según un comunicado de la PGRca, se han recopilado evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin respaldo jurídico utilizados para desviar fondos y maniobras fraudulentas.
Las autoridades indican que se trata de un esquema de corrupción sistemático instaurado por el entonces director ejecutivo del SenaSa, en alianza con otros funcionarios de la ARS y la participación, en asociación criminal, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que se esfuerzan para que quienes han atentado contra la salud de la población, especialmente de los más necesitados, sean sancionados y devuelvan al Estado cada peso robado del erario.
Reiteró su compromiso firme con la lucha contra la corrupción.
“Quienes han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, deberán responder por sus actos criminales. La Operación Cobra llegará hasta el final. Estamos realizando grandes esfuerzos para que, además de las sanciones penales, los responsables de defraudar a los ciudadanos también restituyan al Estado cada peso sustraído del patrimonio público”, puntualizó.
Las investigaciones de la Operación Cobra están dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Ambos cuentan con el apoyo de un equipo de fiscales expertos en investigaciones de criminalidad organizada.
Defensa
Varios abogados de los imputados acudieron ayer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para dar seguimiento a sus clientes. Coincidieron en defender la inocencia de sus representados. Jaime Terrero, representante legal de Iván Minaya, señaló que está a la espera de conocer la acusación. “Recuerden, señores, que el Código está dividido en fases procesales. La primera fase que conoceremos es la solicitud de medida de coerción. Veremos qué presenta la procuradora o el Ministerio Público, y nosotros expondremos nuestro argumento”, precisó.
Marcelino Vargas Brito, abogado de Ada Ledesma, aseguró que su clienta se encuentra bien, de buen ánimo y confiada en el sistema de justicia. “Presentaremos documentación para demostrar que, en el caso de mi clienta, quien era suplidora, se trató únicamente de una transacción comercial, además de un monto insignificante”, afirmó.
El equipo legal del empresario Eduardo Read explicó que desde el inicio de la investigación su cliente se puso a disposición del Ministerio Público y ha colaborado con todos los requerimientos.
Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González destacaron que Read ha entregado voluntariamente más de 1,250 elementos probatorios, así como documentación que respalda el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas del grupo, la prestación de servicios en condiciones óptimas, previamente auditadas por Senasa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), y el criterio técnico que sustenta los pagos capitados. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Agregar Comentario