Sin embargo, el gran ausente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador es el centro educativo, a pesar de que en dicha solicitud se menciona en 6 ocasiones el Colegio Leonardo Da Vinci; en 4, Instituto Leonardo Da Vinci; y en 39 ocasiones la palabra colegio, en el total de 39 páginas que conforman el documento de medida de coerción.
En el expediente figuran programas académicos, lista de niños que tenían autorización para bañarse y una resolución del 31 de mayo de 2025, en la que se establece que el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci es Eduardo Rafael Estévez Bretón; la vicepresidenta, Ingrid Josefina Díaz Gatón; el tesorero, Juan Luis Bojos Bisonó; el secretario de Actas, Arístides José Trejo Liranzo; el secretario de Administración, Eduardo Aurelio Antuñano Peralta; el secretario de Organización, Pablo Virgilio Peña Peralta; el secretario de Relaciones Públicas, Pablo Antonio Guillermo Mendoza; y los suplentes Frank Félix Rodríguez Camacho y Rosaura Magdalena Inoa Sánchez.
Sin embargo, en el documento ninguno de estos nombres aparece, ni se establece una responsabilidad jurídica relacionada con el colegio, a pesar de que, según la ley, este tiene el deber de cuidar y, mediante el contrato firmado con las familias para el ingreso de los estudiantes, se compromete a garantizar y resguardar la seguridad de los mismos.
Para muchos, el Ministerio Público ha puesto como blanco principal a las profesoras y a algunas autoridades administrativas de la institución en el banquillo de los acusados; sin embargo, a la persona jurídica del colegio no se le ha atribuido ningún tipo de responsabilidad.
En el caso de los menores que aparecen en el video y que no prestaron atención ni socorro a Stephora, el Ministerio Público tampoco contempló interrogarlos, ni incorporar sus testimonios al expediente, mucho menos consideró incluirlos en el proceso judicial.
El Ministerio Público establece que se llamó al 911; sin embargo, no especifica si la llamada provino del teléfono de un adulto o de alguno de los menores que estaban en la excursión.
“Esta es la cuarta vez que se realizan este tipo de actividades”, señala Miguel Valdemar, abogado de la familia de Stephora, quien a su vez asegura que todas se llevaron a cabo bajo el mismo esquema: sin señalizaciones adecuadas, sin botiquines disponibles, sin chalecos y sin salvavidas.
Valdemar afirma que el centro educativo tenía por costumbre organizar actividades extracurriculares en la Hacienda Los Caballos, un lugar que ya había sido escenario de salidas estudiantiles en al menos tres ocasiones anteriores.
Pese a este señalamiento por parte del abogado, en el expediente del Ministerio Público no aparecen registradas las salidas anteriores, vacío que refleja la ausencia de fiscalización por parte del Ministerio de Educación, que no se ha pronunciado al respecto.
Por otro lado, el abogado se mostró preocupado por la falta de pruebas ofrecidas, ya que solo se pudieron observar dos grabaciones de las más de 12 cámaras que funcionaban al momento del deceso. “Solo pudimos observar dos grabaciones, a la espera de saber qué ha sucedido con las demás”.
El mismo enfatiza que el video de las grabaciones se corta abruptamente y no se tiene material fílmico de lo sucedido durante las cuatro horas que transcurren desde el momento del deceso hasta que se realiza el levantamiento del cadáver.
Valdemar asegura que en el audiovisual se escucha claramente que una estudiante del centro solicita a las maestras llamar al 911, petición que fue negada. Luego, un señor, aparentemente del personal de mantenimiento de la hacienda, se acerca y les pide que llamen a emergencias, pero la maestra se vuelve a negar, respondiendo que debían esperar las indicaciones de la directora; ante esto, una alumna procede a realizar la llamada con su celular.
Valdemar también adelantó que interpondrá una querella contra el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc., entidad que administra el centro educativo y que, hasta ahora, tampoco ha sido llamada por la justicia, concluyó.
De acuerdo con Miguel Valdemar, abogado de la familia de Stephora, pudieron comprobar que el video de dos de las cámaras de seguridad de la hacienda, que forma parte del expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, “está íntegro”, es decir, que no fue editado ni cortado.
Los videos entregados a los abogados muestran “un hecho desgarrador”. Valdemar explica que en el audiovisual se observa a la niña Stephora, rodeada de niños de diversas edades, adentrándose en la piscina, que mide más de seis pies de profundidad, es de construcción antigua y cuenta con un desnivel no señalizado.
Al adentrarse, la niña cae en la parte más profunda y comienza a gritar. Las cámaras captan sus gritos desgarradores. Frente a Stephora se encontraban seis niños, quienes la señalaban sin dar voz de alerta, permitiendo que se ahogara y retirándose a otra zona de la piscina.
Mientras esto sucede, según Valdemar, una maestra (que se encuentra privada de libertad) pasa por el lado donde se estaba ahogando la niña, usando un celular, y aunque la niña grita y levanta la mano, esta no la mira.
Además, aseguran que las cámaras muestran que la niña permaneció 30 minutos sumergida y que tres niños distintos a los que la observaban ahogarse, al verla comenzaron a halarla y, al percatarse de que no reaccionaba, gritaron alertando a las maestras, quienes entonces se acercaron. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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