La pieza contempla una estimación de RD$1,841,701,394,621 en ingresos y RD$278,654,744,137 en déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
La Cámara de Diputados aprobó de urgencia un proyecto de ley cuyo objetivo es regular el Presupuesto General del Estado elaborado por el Gobierno para ser aplicado el próximo año.
No obstante, esta iniciativa, que ahora será enviada al Senado de la República, continúa incumpliendo un mandato legal establecido en el Código Tributario, según afirman algunos legisladores de organizaciones políticas opositoras.
Se trata de la indexación salarial que ordena la Ley 11-92, la cual debe realizar el Poder Ejecutivo cada año a los trabajadores que perciben un monto no mayor, aproximadamente, a RD$52,000 y que los exonera de la reducción causada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) presentaron, en algunos casos de manera individual, tres solicitudes durante la sesión, pero los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideraron necesario mantener el artículo 45 en la pieza, establecido en los presupuestos aplicados desde 2017, suspendiendo así la obligación del Poder Ejecutivo de llevar a cabo la revisión anual del monto salarial mencionado.
“Durante el ejercicio presupuestario del año 2026, quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana Núm. 11-92, del 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones, por lo cual no se tomarán en consideración las disposiciones establecidas en el artículo 327 del citado Código”, establece el artículo aprobado.
El diputado de la FP, José Báez, tomó la palabra momentos antes de la votación para recordar que el Gobierno ha optado por ignorar la solicitud realizada por su organización política, específicamente una demanda ante la opinión pública presentada por el senador Omar Fernández, sin importar el efecto negativo que esto causa en los bolsillos de los asalariados dominicanos.
“Pedimos que se indexe el salario para que esas personas reciban el dinero en su bolsillo y puedan pagar sus universidades, alimentos, renta, energía eléctrica, que está tan cara y elevada…”, expresó mientras sus compañeros de bancada sostenían una hoja con las palabras: “indexación salarial”.
El diputado del PLD, Charlie Mariotti, aprovechó su intervención para cuestionar que el Gobierno prefiera aumentar la nómina pública con una adición de RD$18,500 millones, pero evite efectuar la indexación salarial.
“Este es el mismo monto que ustedes quieren aumentar, es el dinero que dejarían de percibir… si logramos no aumentar la nómina pública, podemos devolver la capacidad de pago a todo aquel que gana menos de 52,000”, afirmó Mariotti.
Los congresistas del PRM respondieron a las declaraciones de los integrantes de los bloques políticos opositores, PLD, FP y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Defendiendo su decisión de mantener suspendida la indexación salarial, el diputado Wandy Batista aseguró que la FP es una entidad política sin la moral necesaria para opinar sobre ese tema.
“Políticamente, no hay moral para que el partido de Leonel Fernández esté pidiendo indexación salarial. No la hay porque el Gobierno de Leonel Fernández, desde 2004 hasta 2012, implementó cinco reformas fiscales en un periodo de ocho años…”, afirmó Batista.
El vocero del bloque oficialista, diputado Amado Díaz, coincidió con esas expresiones y lamentó que otras virtudes registradas en el proyecto de ley no sean reconocidas.
En términos generales, la pieza contempla una estimación de RD$1,841,701,394,621 en ingresos y RD$278,654,744,137 en déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
Además, autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a adquirir una deuda pública por un monto de RD$401,767,814,730. Esto se traduce en préstamos que el Gobierno solicitará a entidades financieras, internacionales o locales.
Por otro lado, la pieza destina RD$460,096.4 millones, equivalentes al 35.4% del gasto primario del Gobierno Central, a la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
“Este monto representa el impulso al desarrollo local, provincial y regional, asegura una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera un crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno; y fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y culturales de la nación”, indica.
El desglose registrado en el documento elaborado por la comisión legislativa de Hacienda señala que el Gobierno destinará RD$285,296.2 millones para desarrollo social, distribuidos de la siguiente manera: “Salud y seguridad social integral, con RD$110,163.90 millones; Educación de calidad, con RD$83,275.52 millones; e Igualdad de derechos y oportunidades, con RD$70,415.05 millones”.
Mientras que el objetivo general “Imperio de la ley y seguridad ciudadana” cuenta con el mayor monto, con RD$34,419.51 millones, y la estrategia general de “competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social” dispondría de RD$40,141.06 millones.
Por último, destacan la asignación de RD$10,240.94 millones para el manejo sostenible del medio ambiente.
Asimismo, se menciona que se habilitarán RD$37,003,168,242 para la ejecución de ocho programas que forman parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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