ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Un jurado investigador rechazó por segunda vez el jueves presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, negándose a reactivar una acusación de fraude hipotecario impulsada por el presidente Donald Trump, según informó una persona familiarizada con el asunto.
Este revés representa un nuevo golpe para el Departamento de Justicia tras la desestimación de cargos previos contra James y otro antiguo adversario de Trump, el exdirector del FBI James Comey, en un sorprendente rechazo a los esfuerzos del gobierno de Trump por procesar a sus opositores políticos.
Un juez desestimó la acusación original contra James y Comey en noviembre, al determinar que la fiscal que presentó el caso ante el jurado investigador, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia.
El Departamento de Justicia solicitó a un jurado investigador en Alexandria, Virginia, que emitiera una acusación el jueves, luego de que otro jurado en Norfolk se negara a hacerlo la semana pasada. La persona que confirmó la falta de una acusación formal no está autorizada para hablar públicamente sobre el caso y pidió mantener el anonimato.
Las acusaciones estaban relacionadas con la compra de una modesta residencia por parte de James en Norfolk, donde tiene familiares.
James sostiene que el caso tiene motivaciones políticas y ha negado haber cometido alguna irregularidad.
James, una demócrata que enfureció a Trump tras su primer mandato al presentar una demanda alegando que el entonces presidente construyó su imperio empresarial sobre mentiras acerca de su riqueza, fue inicialmente acusada de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en 2020.
Durante la compra, firmó un documento estándar denominado “anexo de segunda residencia”, en el que acordó mantener la propiedad principalmente para su “uso y disfrute personal durante al menos un año”, salvo que el prestamista autorizara lo contrario. En lugar de usar la casa como segunda residencia, los fiscales afirman que James la alquiló a una familia de tres personas, lo que le permitió obtener condiciones crediticias favorables no disponibles para propiedades de inversión.
Los casos contra James y una acusación separada contra Comey han aumentado las preocupaciones de que el gobierno federal esté utilizando sus facultades de aplicación de la ley para perseguir a los enemigos del presidente.
Ambos casos fueron presentados poco después del nombramiento de Halligan como fiscal federal, una exabogada de Trump sin experiencia previa en el cargo, en medio de las solicitudes públicas del presidente para tomar medidas contra sus opositores políticos.
Sin embargo, el juez federal Cameron McGowan Currie desestimó los casos el mes pasado debido al inusual mecanismo empleado por el gobierno para nombrar a Halligan. El juez desestimó el caso sin perjuicio, permitiendo que el Departamento de Justicia intentara presentar nuevamente los cargos.
Halligan fue designada para reemplazar a Erik Siebert, un fiscal experimentado que renunció en septiembre en medio de la presión del gobierno federal para presentar cargos contra Comey y James. Siebert dejó el cargo después de que Trump declarara a la prensa que quería que Siebert “saliera”.
Los abogados de James argumentaron por separado que el caso era una acusación vengativa destinada a castigar a una fiscal general estatal que pasó años investigando y presentando demandas contra el republicano, y que incluso ganó un juicio en una demanda que afirmaba que Trump defraudó a las instituciones bancarias al inflar el valor de sus propiedades inmobiliarias en declaraciones financieras. Un tribunal superior anuló posteriormente la multa, pero ambas partes están apelando la decisión.
Tras el rechazo de una nueva acusación por parte del jurado investigador de Norfolk la semana pasada, el abogado de James declaró: “Este debería ser el fin del caso”.
“Si continúan, ignorando un fallo judicial y el rechazo de cargos por parte de un jurado investigador, sería un ataque impactante contra el estado de derecho y un golpe devastador a la integridad de nuestro sistema de justicia”, enfatizó en ese momento el abogado defensor Abbe Lowell.
Por otro lado, Comey fue acusado de mentir al Congreso en 2020. Una jueza federal ha complicado los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar una nueva acusación contra Comey, al prohibir temporalmente que los fiscales accedan a los documentos informáticos de Daniel Richman, un amigo cercano de Comey y profesor de derecho en la Universidad de Columbia, a quien los fiscales consideran una figura central en cualquier posible caso contra el exdirector del FBI.
La fiscalía tomó medidas el martes para anular esa orden, calificando la solicitud de Richman para la devolución de sus archivos como una “herramienta estratégica para obstruir la investigación y posible enjuiciamiento”. Afirmaron que la jueza excedió su autoridad al ordenar la devolución de la propiedad de Richman y que esta decisión ha impedido su capacidad para avanzar con un caso contra Comey.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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