El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que esta instancia operará de manera adicional al consejo existente.
El Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Este órgano tendrá como función principal aprobar toda operación o gasto que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno y reducir significativamente los riesgos de irregularidades administrativas.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, detalló que esta instancia funcionará de forma complementaria al consejo ya existente.
Peralta indicó que la medida busca asegurar que las decisiones financieras más importantes se tomen de manera colegiada.
“Esto significa que, de ahora en adelante, para que se cometa un fraude tendría que involucrar a un grupo de personas; no es lo mismo que lo haga un funcionario individual,” afirmó durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.
La iniciativa pretende reforzar los filtros de supervisión, incorporando una instancia designada directamente por el presidente que operará por encima de la estructura administrativa actual de SeNaSa.
Peralta agregó que estas medidas buscan aumentar los niveles de transparencia y control institucional, incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales.
El escándalo de la “Operación Cobra”
La creación de este nuevo consejo se enmarca en los esfuerzos del Poder Ejecutivo por responder al escándalo de corrupción investigado por la justicia, conocido como Operación Cobra.
El caso indaga el desembolso de más de 12,000 millones de pesos por parte de SeNaSa a favor de empresas privadas, muchas de las cuales se habilitaron como proveedores de insumos de salud después de 2020, coincidiendo con el inicio de la gestión del exdirector Santiago Hazim.
La columna vertebral de los gastos millonarios bajo cuestionamiento está conformada por la compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) había advertido en múltiples ocasiones que estos gastos, especialmente en nutrientes, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
Entre 2020 y 2023, la ARS estatal erogó poco más de 5,000 millones de pesos (RD$5,083,164,602) para estos fines.
De ese monto, la empresa “Khersun”, propiedad del empresario investigado Eduardo Read, facturó la partida principal: casi 4,000 millones de pesos (RD$3,897,064,602).
La procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, calificó como “indignante” la conducta de los imputados en el Caso Cobra, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios y pusieron en riesgo la vida de los asegurados con el único fin de defraudar al Estado.
Imputados en el “Caso Cobra”
Entre los principales imputados por el fraude al Seguro Nacional de Salud se encuentran Santiago Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud, y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado, están imputados: Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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