NUEVA YORK – Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, advirtió que el Proyecto del Senado 63, actualmente en consideración de la gobernadora de Puerto Rico para su promulgación, no solo dificultaría el acceso a la información para los miembros de la prensa, sino también para cualquier ciudadano que requiera datos de agencias gubernamentales.
En entrevista con El Diario, la experta en política pública enfatizó que el PS63, aprobado en la legislatura estatal el mes pasado, impondría requisitos adicionales para obtener información, como la extensión de los plazos que tienen las agencias gubernamentales para responder a las solicitudes, entre otros.
La versión más reciente del proyecto, acordada en el comité de conferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado, amplía los plazos de respuesta de 10 a 20 días hábiles, con posibles prórrogas que pueden llegar hasta 50 días en casos de archivos que superen las 300 páginas o que tengan más de tres años de antigüedad.
“Para nosotros, la ampliación del plazo de entrega de información no es lo único altamente peligroso aquí, y quiero aclararlo, porque el plazo es lo que más llama la atención, pero no necesariamente es lo peor… En efecto, el tema de los plazos puede afectar a todo el mundo… Un padre que en verano busca cómo solicitar que su hijo acceda a educación especial. Si tienes que solicitar información sobre el estatus de esa solicitud, o si faltan documentos para asegurar que tu hijo reciba el servicio necesario, todas esas gestiones ahora pueden caer fácilmente en esos 50 días”, explicó la experta.
“Estamos hablando de que, si pides esa información en verano, tu hijo ya comenzó clases y tú aún no tienes una respuesta, y no es una respuesta de servicio, sino una respuesta a tu solicitud de servicio”, continuó Masses.
Según la fundadora de Sembrando Sentido, las nuevas restricciones, en términos generales, dificultarían el acceso a servicios esenciales para los puertorriqueños.
“Aquí hay consecuencias muy graves para la vida diaria de las personas en su lucha por obtener servicios esenciales… Hoy en día, conseguir cualquier servicio implica un día perdido”, anticipó.
“Si la información está en línea, ni siquiera tienen que responder a esa solicitud de información”, añadió la entrevistada al referirse al alcance de la legislación.
Varias organizaciones de prensa y de la sociedad civil llevan meses alertando sobre el impacto negativo que tendría el proyecto de convertirse en ley, en cuanto al acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno.
El PS 63 modifica la Ley 141 de 2019, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”.
La medida fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).
Masses, quien trabajó como consultora de gobernanza en el Banco Mundial, también cuestionó que el proyecto aprobado establezca que la información pública es únicamente aquella que esté contenida en un documento.
“O sea, si yo te pido unas comunicaciones entre los contratistas y la Junta de Subastas como licitador, ¿me vas a decir que no porque están en diferentes correos electrónicos o en distintos repositorios de información?”, cuestionó.
Para la activista, cambios como ese serían una especie de “trampa” para dificultar que las personas puedan obtener información.
En esa línea, también mencionó una disposición que permitiría que un documento público sea catalogado como confidencial mediante un reglamento o a través de determinaciones judiciales, lo que, a su juicio, es “más que inconstitucional”.
“Un jefe de agencia puede actualizar un reglamento y establecer en ese reglamento que esa información es confidencial”, precisó.
“El proceso de reglamentación en Puerto Rico es altamente opaco. Sembrando Sentido, y estoy segura que muchas otras organizaciones, hemos tenido que acudir a los tribunales para solicitar reglamentos, porque muchos no se publican ni cumplen con los procesos legales para su actualización correcta. Bajo el PS63, un jefe de agencia podría actualizar un reglamento sin el debido proceso, declarar algo confidencial y se acabó. Claro, puedes llevarlo a los tribunales, pero seamos sinceros, ¿quién tiene tiempo, dinero y energía para impugnar cada cosa que se declare injustamente confidencial?”, argumentó la especialista.
La líder comunitaria señaló que, lejos de reducir la burocracia, como insiste la gobernadora Jenniffer González, las enmiendas a la Ley 141 van en sentido contrario.
“La cantidad de burocracia que esto añade y la migraña que puede provocar a algunos jefes que deben enfocarse en asuntos importantes y urgentes es definitivamente disruptiva de una manera que aún no podemos calcular, pero que sin duda va en contra de los compromisos de la plataforma de gobierno de Jenniffer González”, contrastó.
La también podcaster estimó que las imposiciones propuestas dilatarán excesivamente los procesos de solicitud de información, lo que a su vez podría complicar el trabajo de los funcionarios.
“Le genera una carga al jefe de agencia. Hay jefes que no reciben muchas solicitudes de información, pero hay otros, como el secretario de Educación, de Familia, o de ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción), que reciben muchas solicitudes y ahora tendrán que estar copiando al jefe de la agencia”, puntualizó.
Otro aspecto que preocupa a los opositores de la medida es el impacto que podría tener en la inversión comercial en Puerto Rico.
“La mayoría de las solicitudes de información provienen del sector privado… La realidad es que los datos indican que el sector privado es el mayor solicitante de información. ¿Por qué piden información? Porque quieren saber si la subasta se adjudicó justamente; quieren entender por qué la tarifa subió; quieren saber si el mercado tiene las condiciones para hacer cierto tipo de inversión; quieren entender por qué la factura de luz aumentó miles de pesos de un día para otro. Cualquiera de esas cosas se verá gravemente afectada. Hacer negocios en un país en quiebra será más difícil”, advirtió.
En ese contexto, Masses indicó que los nuevos requisitos que obligarían a los solicitantes a proporcionar su dirección postal y correo electrónico en cada pedido podrían coaccionarlos a no iniciar el proceso por temor a represalias.
“¿Crees que un contratista que piensa que la subasta se adjudicó injustamente querrá que el jefe de agencia sepa que está solicitando información del expediente para analizar y decidir si impugnar la decisión? Claro que no. Eso genera más tensiones y facilita el espionaje y las represalias. Reconocemos que la ley ya exige que la persona proporcione dónde desea recibir la información, ya sea correo electrónico o dirección postal, pero no se pedían ambas cosas y se protegía la identidad del solicitante cuando este quería mantenerla confidencial. Eso se elimina”, previó.
Al preguntarle si identificaron algún aspecto positivo o favorable en las enmiendas, respondió: “Absolutamente nada en esa medida es salvable, nada. De hecho, las multas que estipulan eliminan la discreción del tribunal para tomar decisiones. Establecen multas que al final paga el pueblo de Puerto Rico, no el jefe de agencia negligente, ni el funcionario que evadió cumplir con su rol; lo pagamos nosotros y recae en el pueblo la cuenta a pagar. Ni siquiera en ese aspecto es salvable la propuesta de enmiendas”.
Masses se refiere a la disposición que establece que el solicitante tendrá 30 días para acudir al tribunal si se le niega la información. Las agencias se exponen a multas de hasta $100 diarios o un máximo de $18,000 si incumplen con las resoluciones judiciales.
Ante el argumento de Rivera Schatz de que el objetivo es facilitar el manejo de documentos en casos de información compleja, planteó: “Nadie del Gobierno ha presentado un solo dato, ni siquiera una anécdota, que estoy segura existen, para sustentar eso. En cambio, nosotros, la sociedad civil, hemos presentado numerosos datos. Sembrando Sentido realizó un análisis del gasto en tecnología del Gobierno, que ya supera los $750 millones de dólares anuales, mientras no ha aumentado la transparencia en las páginas oficiales… pero eso no se fiscaliza desde la Legislatura”.
El presidente senatorial también ha cuestionado que varias organizaciones que se opusieron a la ley original por considerarla deficiente ahora se pronuncien en contra de las enmiendas.
Masses restó importancia a este argumento bajo la premisa de que eso no justifica destruir la ley.
“El hecho de que una ley estaba coja no significa que le vas a cortar la otra pata y que ahora no podamos hablar porque señalamos la debilidad que tenía esa ley. La sociedad civil, no solo la prensa, lleva años presentando propuestas mucho más robustas para el acceso a la información y no lo decimos solo nosotros… Hemos trabajado con muchos expertos en la materia, incluyendo el Centro para la Ley y la Democracia (CLD), para proponer alternativas que faciliten el acceso a la información. Es cierto que muchas personas en la sociedad civil y sobre todo en la prensa no estaban contentas con esta ley porque dificultaba el acceso… Ahora también se ha facilitado a otros, especialmente a comunidades que antes no tenían un mecanismo claro para obtener información y ahora sí lo tienen. Se ha ganado en algunos aspectos y se ha perdido en otros”, explicó.
Destacó que, de convertirse el proyecto en ley, según el mencionado Centro, Puerto Rico estaría por debajo de Irán y Venezuela en cuanto al marco legal para el acceso a la información pública.
La activista reveló que diariamente llaman a La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora, para continuar presionando para que esta vete la medida. Más de 50 organizaciones, entre ellas Sembrando Sentido, entregaron al equipo de la gobernadora una carta en la que especifican las razones de su oposición al PS63. Además, más de 10 organizaciones internacionales, que incluyen al International Press Institute, la Asociación Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Americana de Periodistas y Autores, se han sumado al llamado.
A nivel del Congreso, funcionarios como los representantes Pablo José Hernández (comisionado residente), Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, todos demócratas, se han manifestado en contra.
Esta semana, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que ha liderado gran parte de los esfuerzos contra el PS63, lanzó una campaña audiovisual con el respaldo de Filmes Zapatero.
El video educa sobre el impacto que tendría el proyecto en la vida diaria de los puertorriqueños si no es vetado por la gobernadora y llama a la movilización ciudadana en rechazo.
Tras ser aprobado en el Capitolio en San Juan, el proyecto fue enviado a González el 5 de diciembre. La mandataria tiene dos opciones: firmarlo para que se convierta en ley o vetarlo. La también presidenta del PNP tiene hasta el 4 de enero próximo para tomar una decisión.
Masses indicó que la respuesta de la Administración es que continúan evaluando el proyecto.
Aunque no quiso adelantar las estrategias de la coalición en caso de que la gobernadora firme el PS63, la activista reconoció que disputar una ley como esta en los tribunales tendría que hacerse por partes.
“Este tipo de ley, con tantas enmiendas y cambios, hace muy poco probable que puedas impugnarla en su totalidad. Puedes cuestionar diferentes disposiciones en litigios de acceso a la información, y eso, punto por punto, se puede debatir en los tribunales. Eso cuesta dinero, tiempo y energía, que muchos de nosotros, lamentablemente, no tenemos. Las organizaciones sin fines de lucro están, sobre todo en estos momentos, en una situación de precariedad extrema y estamos haciendo de tripas corazón. La realidad es que impugnar algo en tribunales no es fácil”, reconoció.
Sembrando Sentido es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) creada hace unos cinco años. Es además una fuente no partidista de información y acción que se enfoca en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de fondos públicos y en medidas anticorrupción. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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