MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Un grupo de estudiantes y profesores de universidades públicas en Alabama solicitó a un tribunal de apelaciones que suspenda una ley estatal que prohíbe las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas y que impide el respaldo de lo que los legisladores republicanos denominan “conceptos divisivos” relacionados con la raza y el género.
La medida de Alabama, vigente desde octubre de 2024, forma parte de una ola de propuestas impulsadas por legisladores republicanos en todo el país que apuntan a los programas de inclusión en los campus universitarios.
La ley estatal prohíbe a las escuelas y universidades públicas utilizar fondos gubernamentales para cualquier programa o currículo que respalde “conceptos divisivos” vinculados a la raza, la religión, la identidad de género y la religión. Asimismo, se prohíbe a los docentes “alentar” a una persona a sentir culpa debido a esas identidades.
El juez federal de distrito, David Proctor, permitió que la ley continúe vigente, argumentando que la libertad académica de un profesor no anula las decisiones de una universidad pública sobre el contenido de la instrucción en el aula.
La ley “no elimina toda enseñanza o discusión de estos conceptos en el campus o, en su caso, incluso en el aula”, escribió Proctor. “Por el contrario, permite expresamente la instrucción en el aula que incluya ‘discusión’ de los conceptos enumerados siempre que la ‘instrucción se dé de manera objetiva sin respaldo’ de los conceptos”.
La apelación surge tras un mandato del Departamento de Justicia en julio que exige cambios similares en los campus de escuelas públicas a nivel nacional. En 2025, grupos de afinidad estudiantil han cerrado sus puertas, profesores han sido puestos en licencia, publicaciones estudiantiles negras han cesado y los currículos han sido modificados.
Antonio Ingram, abogado del Fondo de Defensa Legal que representa a los demandantes, señaló en una entrevista que la ley no define claramente qué implica el respaldo, lo que expone a los profesores a investigaciones infundadas y limita su capacidad para presentar investigaciones verificadas.
“La verdad se convierte en lo que el estado dice frente a lo que los investigadores independientes, teóricos y académicos han elaborado durante décadas”, afirmó Ingram.
Si se mantiene la ley, agregó Ingram, esta convierte a “las universidades en portavoces del estado que podrían ser utilizadas para propaganda, con fines que no son precisos ni empíricamente fundamentados”.
Dana Patton, demandante y profesora de ciencias políticas en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, comentó en una entrevista que la ley estatal la obligó a modificar el currículo que ha impartido durante décadas.
“Nos sentimos muy limitados por la vaguedad de la ley”, expresó Patton, dado que algunos estudiantes podrían interpretar erróneamente una lección como respaldo de cierto punto de vista.
El año pasado, cinco estudiantes se quejaron de que el currículo de Patton para el programa de honores interdisciplinario que dirige contradecía la ley. Patton sostiene que siempre ha tomado medidas para asegurar la representación de una amplia gama de perspectivas, pero eso no ha disipado sus preocupaciones. Desde entonces, ha eliminado algunos materiales de su programa de estudios.
“Simplemente es más seguro no enseñar ciertas cosas y evitar posibles repercusiones o quejas”, afirmó Patton.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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