El cargo imputado a la antigua pareja presidencial es el de asociación ilícita con el propósito de cometer un delito de estafa en banda organizada; en el caso de Sarkozy, se añade además el de receptación de soborno de testigos.
La Fiscalía francesa anunció este martes que solicitó enviar a juicio al expresidente Nicolas Sarkozy y a su esposa, Carla Bruni, entre otros, por presuntas presiones a un testigo clave en el caso de la financiación libia de su campaña electoral de 2007, por el cual el exmandatario fue condenado a cinco años de cárcel.
El cargo que se imputa a la antigua pareja presidencial es el de asociación ilícita con el fin de cometer un delito de estafa en banda organizada y, en el caso de Sarkozy, se añade otro de receptación de soborno de testigos, según informó la Fiscalía Nacional Financiera en un comunicado.
Las presiones investigadas fueron contra el intermediario francolibanés Ziad Takieddine, marchante de armas que falleció el 23 de septiembre pasado en Beirut, para que se retractara de su testimonio.
En esa operación, él había actuado como intermediario, según declaró a los jueces, entregando en persona cinco millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007.
La solicitud de juicio por parte de la Fiscalía representa un nuevo revés judicial para el exmandatario, dentro de una larga lista de causas ya juzgadas o pendientes.
En la causa principal que investigó la financiación libia de su campaña de 2007, fue condenado en primera instancia, el pasado 25 de septiembre, a cinco años de cárcel, aunque solo cumplió tres semanas en prisión antes de que se le concediera la libertad condicional.
El juicio en apelación está previsto para el próximo año.
En su carrera electoral de 2012, en la que perdió frente al socialista François Hollande, también se detectaron irregularidades —una trama falsa de facturas para financiar actos proselitistas— que le valieron una pena firme de medio año de cárcel.
También fue condenado por corrupción y tráfico de influencias, a otro año de cárcel exento de cumplimiento, por las escuchas interceptadas por la Policía para intentar obtener información de un magistrado sobre otra investigación judicial abierta.
Además, aparece en denuncias sobre la posible corrupción en la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar y se le investiga por presunto tráfico de influencias con un grupo de presión ruso en 2020, entre otros casos. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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