El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este martes su balance del año 2025, en el que reconoce avances institucionales relevantes en la República Dominicana, pero también advierte sobre graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.
A continuación, el documento íntegro:
· El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios del 2025, mostró un avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, seguimos enfrentando desafíos importantes que no consolidan los esfuerzos contra la corrupción.
· La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al revelarse un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso Senasa quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano.
· Este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de que estos prescriban. El Ministerio Público continúa su labor de persecución de la corrupción, y la sociedad dominicana deposita su confianza en dicho trabajo.
· En el ámbito del Congreso Nacional se aprobaron leyes importantes como el Código Penal y el Código Procesal Penal, que constituyeron avances; sin embargo, la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente, en algunos casos con éxito, intentos de sectores que buscan impedir el avance de las reformas, tanto en derechos ciudadanos como en derechos de las mujeres, la libertad de expresión y la persecución de la corrupción administrativa.
· En 2025, varios casos vinculados al Partido Revolucionario Moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y en posiciones gubernamentales. La persecución del crimen organizado produjo logros importantes, y la sociedad civil presiona por medidas efectivas de prevención y persecución para preservar la institucionalidad e integridad del sistema político.
· 2025 será recordado por el trágico derrumbe, el 8 de abril, de la discoteca Jet Set, con un saldo de 236 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y decenas de niños huérfanos. En su memoria, reclamamos a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.
Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, agravada por nuevos escándalos de corrupción. El caso Senasa se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud.
Más allá de las irregularidades que hoy son objeto de investigación, este caso evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales. La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y la distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. El caso Senasa es un ejemplo de que cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza.
Esperamos que este caso no corra la misma suerte que otros casos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales; es necesario un proceso en el que los plazos se manejen con propiedad y celeridad para permitir sentencias en tiempo oportuno. Que las audiencias sean públicas, partiendo del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada y de la relevancia e impacto de este caso. Se debe modificar lo que sea necesario para que todas las audiencias sean públicas, especialmente en los casos de corrupción.
Durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluyendo la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del INTRANT que involucra a altos exfuncionarios. Sin embargo, persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción de los grandes casos.
El 2025 evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.
Solo uno de los grandes expedientes logró concluir juicio de fondo: Alexis Medina y sus asociados, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes. Los casos de Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero-Gonzalo Castillo-Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.
Se aprobaron importantes instrumentos de control como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en la digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas. No obstante, el caso SENASA evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.
En el ámbito legislativo, se aprobaron el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal No. 74-25, modernizando el marco jurídico penal e incorporando figuras como los ciberdelitos. Participación Ciudadana valoró estos avances, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.
El Tribunal Constitucional emitió sentencias clave que fortalecen los derechos fundamentales, derogando normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.
La Reforma Policial avanzó significativamente en formación, salarios, tecnología y supervisión. La DNCD tuvo una actuación destacada en la incautación de drogas. Como resultado, la tasa de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio regional.
Pese a una reducción del 29.8% en feminicidios, se registraron 49 feminicidios y más de 57 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico, dejando decenas de niños huérfanos y evidenciando la urgencia de políticas preventivas y de protección más eficaces.
El 2025 fue un año post-electoral relativamente estable. La JCE fortaleció el control sobre la campaña anticipada y avanzó en la preparación del nuevo documento de identidad. Se aprobó la Ley 39-25, que fortalece el Tribunal Superior Electoral, aunque generó preocupación la falta de transparencia en la designación pendiente de jueces de la Suprema Corte y la no ratificación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, reconocida por su récord de decisiones y eficiencia, a pesar de su trayectoria y su elección como comisionada iberoamericana de Ética Judicial.
La economía dominicana se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2%, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Aumentó la inflación, se deterioraron los servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera. Aunque se registraron avances en reducción de la pobreza y la desigualdad, estas siguen siendo elevadas y persiste la falta de reformas fiscales y estructurales clave.
El país mantuvo estabilidad política y reconocimiento internacional, con coordinación entre gobierno y oposición frente a la crisis haitiana. No obstante, el 2025 no mostró avances sustanciales en política migratoria ni en la situación de Haití. Acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico generaron preocupaciones sobre la soberanía nacional.
El 2025 dejó un balance mixto: avances legales e institucionales importantes, pero graves casos de corrupción, lentitud judicial, debilitamiento de controles y profundas brechas sociales. Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales de la población.
Participación Ciudadana presenta el Informe oficial del balance 2025. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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