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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó como una situación “delicada” el hecho de que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, haya sido visto en una fiesta en la embajada de Colombia en Nicaragua, según se especula.
Por esta razón, la fiscal anunció que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación para determinar si miembros del cuerpo diplomático colombiano en Nicaragua favorecieron a González, quien es buscado por ser uno de los presuntos responsables del entramado de corrupción dentro de la Ungrd.
Camargo aseguró, además, que hasta el momento se desconoce si la fiesta se realizó en las instalaciones de la embajada colombiana en ese país, pero que, de ser así, habrá consecuencias penales.
“No tengo claridad si esa parranda vallenata fue en la embajada. Si fue en la embajada, me parece muy delicado, especialmente porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros, tiene una circular roja de Interpol y sabemos que cuenta con asilo en Nicaragua”, declaró la Fiscal General.
En ese sentido, sostuvo que deberá evaluar cuáles son las consecuencias de estos hechos recientes, “pero en principio me parece muy delicado”, añadió.
La fiscal destacó que, si se comprueba que González contó con la complicidad de funcionarios del Gobierno durante la fiesta, sería una señal muy negativa.
“Entendemos que el gobierno de Nicaragua le otorgó asilo, pero también sabemos que la sede de la embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos, por lo que revisaremos el asunto”, afirmó.
Y concluyó: “¿Cuáles fueron los funcionarios de la cancillería y de la embajada que estuvieron allí? ¿Se podría decir que tenían alguna responsabilidad de reportar a Carlos Ramón en la fiesta? Eso es lo que debemos evaluar”.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para establecer qué servidores públicos autorizaron y facilitaron la fiesta.
El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, explicó que las sedes diplomáticas funcionan como “una extensión sagrada” del territorio nacional, por lo que cualquier funcionario que haya permitido el uso de estas instalaciones para fines personales debe responder ante la ley disciplinaria, sin importar que el protagonista del evento ya no sea servidor público.
El jefe del ente de control advirtió que la investigación busca identificar a los responsables para determinar quién dio la orden, quién cursó las invitaciones y quién manejó la logística de la celebración.
La entidad ya solicitó a la Cancillería los registros oficiales para conocer quién estaba al mando de la misión en Nicaragua y bajo qué criterios se permitió el ingreso de los asistentes, advirtiendo que podrían imponerse suspensiones provisionales si se intenta obstaculizar el proceso. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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