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Jueza ordena juicio contra pareja acusada de estafar a 192 personas por más de RD$124 millones

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Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.

El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos constituyen asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, realización de actividades propias del mercado de valores sin autorización y lavado de activos.

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra un hombre y una mujer acusados de orquestar un esquema de estafa millonaria que afectó a cerca de dos centenares de ahorrantes.

La magistrada dispuso que Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero enfrenten en un juicio de fondo los cargos imputados por delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, así como violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.

Ministerio de Obras Publicas

El tribunal tomó la decisión tras acoger los elementos probatorios presentados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora de ese órgano, Margaret Cabrera Morillo.

De acuerdo con la acusación, los acusados conformaron una estructura destinada a captar fondos del público mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L. Bajo esta representación fraudulenta, se presentaban como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión y lograron obtener más de RD$124,575,700.00.

Conforme sostiene el Ministerio Público, como parte del esquema, los contratos suscritos con los afectados omitían información clara sobre el destino de los fondos captados.

Asimismo, se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias a nombre de los acusados o bajo su control, orientado a dificultar la trazabilidad de los recursos que habrían sido desviados para fines personales.

El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos constituyen asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, realización de actividades propias del mercado de valores sin autorización y lavado de activos, delitos que serán ventilados en juicio. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

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