La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó este miércoles su profunda preocupación ante la propuesta de fusión entre el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), calificando la iniciativa como “prematura” y potencialmente peligrosa para la estabilidad del sistema educativo dominicano.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que una reforma de tal envergadura requiere condiciones de madurez institucional y un clima de diálogo que, a su juicio, no existen en las circunstancias actuales.
Uno de los aspectos más críticos señalados por FINJUS es el impacto financiero y administrativo de unificar dos instituciones con naturalezas y objetivos tan distintos.
El jurista afirmó que la fusión podría comprometer el 4% del PIB destinado por ley a la educación preuniversitaria, generando debates que afectarían la sostenibilidad financiera de las escuelas y la claridad en la asignación de recursos para la ciencia y la tecnología.
“La concentración de funciones podría diluir las responsabilidades y afectar la calidad de las políticas públicas tanto en el nivel básico como en el superior”, sostuvo Castaños Guzmán.
El jurista fue enfático al señalar que, dado que esta reforma modifica la estructura profunda del Estado y toca el derecho fundamental a la educación, no puede realizarse de manera sencilla.
“La unificación institucional exigiría un procedimiento legislativo más riguroso y la aprobación por mayoría calificada (Ley Orgánica), a fin de garantizar legitimidad y coherencia con el ordenamiento jurídico nacional”, establece FINJUS.
Para FINJUS, hasta el momento no se ha promovido un proceso participativo efectivo que integre a la comunidad académica, científica y a la sociedad civil.
La fundación sostiene que la actual división entre las leyes 66-97 (Educación) y 139-01 (Educación Superior) no responde a una fragmentación, sino a una “lógica de especialización necesaria”.
En lugar de una fusión administrativa apresurada, la entidad propone avanzar de forma planificada y basada en evidencia técnica.
Sugiere crear una Ley General de Educación y Ciencia que articule todos los niveles educativos sin menoscabar la autonomía ni el financiamiento específico de cada subsistema.
Asimismo, priorizar el fortalecimiento de las instituciones actuales sobre los cambios estructurales que generen inestabilidad jurídica.
FINJUS exhortó a las autoridades a priorizar el diálogo y el rigor técnico, recordando que cualquier modificación que impacte un derecho irrenunciable como la educación debe realizarse con la máxima prudencia para evitar retrocesos en la equidad y calidad del sistema. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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