ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un juez federal rechazó el jueves una solicitud para emitir una orden preliminar que ordenara el cierre de un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, argumentando que el solicitante no había demostrado que sufría un daño irreparable dentro de la instalación.
El juez federal Kyle Dudek señaló que el detenido, identificado en documentos judiciales como M.A., no había cumplido con los requisitos para obtener una orden preliminar mientras se litiga su impugnación a la operación del centro de detención en el tribunal federal de Fort Myers, Florida.
“Aunque pueden existir deficiencias en Alcatraz de los Caimanes que eventualmente justifiquen su cierre, el demandante no ha presentado la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de esta magnitud”, destacó Dudek, quien fue nominado al cargo por el presidente Donald Trump.
La demanda presentada por M.A. es uno de tres litigios federales que cuestionan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes, el cual fue construido por la administración estatal del gobernador Ron DeSantis a mediados de este año en un aeródromo en desuso en los Everglades de Florida.
Su demanda sostiene que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación. Además, asegura que las personas retenidas en “Alcatraz de los Caimanes” desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos y enfrentan dificultades para acceder a asistencia jurídica.
“El estatuto requiere control federal sobre todas las actividades de aplicación delegadas. Sin embargo, Florida afirma tener control total sobre las decisiones de detención”, afirmó M.A. en su solicitud.
El juez indicó que actúa con cautela al rechazar la solicitud, ya que “el demandante básicamente pide a este tribunal que cierre una instalación de detención de gran tamaño y costo, todo antes de cualquier decisión sobre el fondo de su legalidad”.
En un caso separado, un juez federal en Miami ordenó a mediados de año que el centro de detención redujera sus operaciones por dos meses debido a que las autoridades no habían realizado una evaluación de impacto ambiental de la instalación. Sin embargo, un panel de la corte de apelaciones suspendió temporalmente esa orden, permitiendo que la instalación permaneciera abierta.
En la tercera denuncia, los demandantes buscaban un fallo que garantizara que los detenidos tuvieran acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados. Alegaron que los abogados de los detenidos debían hacer cita con tres días de anticipación, a diferencia de otras instalaciones de detención donde simplemente pueden presentarse durante el horario de visita; que los detenidos a menudo eran transferidos a otras instalaciones después de que sus abogados habían programado una cita para verlos; y que los retrasos en la programación habían sido tan prolongados que muchas veces los detenidos no podían reunirse con su equipo legal antes de fechas límite clave.
Un juez federal en ese caso ordenó a los abogados de ambas partes reunirse el martes en un intento por resolver el conflicto. Sin embargo, el miércoles informaron al tribunal que no lograron llegar a un acuerdo a pesar de negociar durante nueve horas.
___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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