El país continúa endeudándose con la misma naturalidad con que se disfruta un legendario whisky. Esta trayectoria estatal genera preocupación en sectores económicos, mientras el presidente Luis Abinader justifica el uso extraordinario de recursos externos y minimiza los riesgos asociados a la desaceleración del crecimiento económico, que ya se refleja en una reciente caída al 2.9% y pronósticos de que seguirá descendiendo. Se teme que el país esté enfrentando un reto mayor en cuanto a su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con las fuentes de financiamiento.
República Dominicana cerrará 2025 con una deuda pública cercana al 60% de su Producto Bruto Interno, superando los US$76 mil millones, incluyendo el pesado débito del sector financiero. La mala noticia es que esta deuda crecerá tanto en moneda local como en dólares tras la aprobación, ayer en el Congreso Nacional, de manera apresurada y sin detenerse en los detalles ni respetar formalidades, de una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a colocar valores de deuda pública en el mercado por RD$401,767,814,730.
Desde otra perspectiva, en el ámbito internacional se mantiene la confianza en la estabilidad y resiliencia de República Dominicana. Para el primer mandatario, lo que está haciendo, sin precedentes, se justifica porque logra reducir la deuda en relación al PIB, los fondos se destinan a inversión productiva y al pago de deuda heredada, todo en un marco de finanzas estables, emisión de bonos a largo plazo y mejor uso de los recursos.
Sin embargo, para el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREER), Miguel Collado Difranco, en 2024 República Dominicana estaba preocupantemente sobrendeudada, dado que destina más del 25% de sus ingresos tributarios al pago de préstamos. Hace tres meses, el economista Andy Dauhajre propuso una reestructuración de las finanzas públicas, advirtiendo que el país corre el riesgo de enfrentar una situación similar a la vivida en Argentina, “marcada por crisis de deuda, pérdida de credibilidad y deterioro institucional”.
Según han señalado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos, el atraso en el desarrollo del país se refleja en la persistencia de la pobreza y una aguda brecha entre ricos y pobres, así como en la baja calidad de la educación y la capacitación del capital humano, debido al abandono escolar, entre otros factores. Además, los trabajadores dominicanos sufren de competencias laborales estancadas. Abundan las viviendas precarias y existe un desafío fiscal derivado del déficit del sector público y el alto endeudamiento.
La perspectiva que trazan los organismos multilaterales indica que la desigualdad social sigue siendo un desafío significativo en República Dominicana, señalando que la calidad y el acceso a la educación y la salud requieren mejoras, con mayor inversión en infraestructuras y equipamientos. Aunque el presupuesto destinado a la enseñanza alcanza un 4% —con bajo impacto—, el Gobierno se muestra orgulloso de haber creado una ciudad sanitaria en Santo Domingo, mientras que en comunidades del resto del país faltan camas para enfermos y la medicina especializada brilla por su ausencia.
Vulnerabilidad
Aunque sus evaluaciones sobre la economía dominicana son siempre integrales y tienden a destacar lo positivo más que lo negativo, por una cuestión elemental de cordialidad con el poder, el Fondo Monetario Internacional ha expresado dudas sobre la sostenibilidad de la deuda nacional debido a la “falta de reformas”, con especial preocupación por el sector eléctrico, que enfrenta un agujero financiero por la gratuidad populista y la falta de medidas para corregir el déficit en las cobranzas. Aunque considera la deuda como sostenible y controlable, el FMI preferiría que el país garantice un manejo adecuado y aumente la inversión pública, aspecto que la publicidad oficial no logra presentar como aceptable.
El Banco Mundial advirtió el año pasado que, aunque República Dominicana muestra resiliencia con un crecimiento notable en ciertos sectores y cierto éxito en el control de la inflación (algo que a finales de 2025 parecía cambiar drásticamente), el país se encuentra en un entorno internacional desafiante y con poca capacidad para enfrentar el cambio climático; razones suficientes para preocuparse por la embestida de la desaceleración económica. Ante las proyecciones que pronostican la persistencia de la caída del crecimiento, el Banco Mundial comienza a poner atención en la ausencia de una reforma fiscal que la realidad demanda con urgencia.
En consideraciones previas a la preocupación del Banco Mundial por el déficit fiscal, el BID había emitido con cierta discreción una alerta por el aumento de la deuda pública y el bajo nivel de recaudaciones, al tiempo que reclamaba, como una necesidad urgente, un incremento en la inversión en energía renovable, sin la cual el futuro inmediato de ese sector es incierto. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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