Miami. — La narrativa de Trump y su gabinete de seguridad ya no presenta a México, Venezuela y Colombia como tres “problemas separados de tráfico de drogas”, sino como el frente principal de una guerra hemisférica contra el “narcoterrorismo”; con la influencia de otros gobiernos que, según Washington, apoyan o protegen a esos regímenes o grupos, y un trasfondo geopolítico “donde aparecen Cuba, Nicaragua, Irán y Hezbolá sosteniendo a Maduro, Petro”, señala a EL UNIVERSAL el abogado internacionalista Jaime Ortiz.
El discurso trumpista se ha materializado en documentos oficiales, órdenes ejecutivas y una campaña militar que hoy se concentra principalmente en Venezuela y sus aguas internacionales, así como frente a México y Colombia, mientras mantiene la amenaza latente de actuar dentro de México y de golpear a Colombia si “no entra en razón”. En el plano doctrinal, el núcleo del relato sigue siendo la orden ejecutiva 14157 y las designaciones del Departamento de Estado: ocho grandes organizaciones criminales, incluidos el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos; así como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua; todas han sido declaradas Organizaciones Terroristas Extranjeras y, paralelamente, “Terroristas Globales Especialmente Designados”.
Hace unos días, el gobierno de Trump publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional donde consagra esa visión; la prioridad ya no es Medio Oriente, sino el Hemisferio Occidental, y se formula un “corolario Trump” de la Doctrina Monroe que insiste en que sólo el pueblo estadounidense, no “naciones extranjeras ni instituciones globalistas”, debe controlar el destino de la región. “Ese diseño conceptual es el que permite al gobierno [de EU] presentar la ofensiva contra cárteles y gobiernos como una sola guerra existencial”, comenta Ortiz.
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El frente mexicano es el más visible y políticamente rentable para Trump. Desde sus primeras conferencias de prensa tras regresar a la Casa Blanca, ha insistido en que “México está gobernado en gran parte por los cárteles del narcotráfico”, un diagnóstico que repite para justificar aranceles, operaciones de vigilancia y la posibilidad de ataques quirúrgicos al otro lado de la frontera. Aunque cada vez que va a lanzar críticas, se apresura a matizar que respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien llama “una mujer extraordinaria y muy valiente”. Ese elogio, sin embargo, no le impide sugerir, de forma cada vez menos velada, incursiones en territorio mexicano.
“No va a pasar”, replicó Sheinbaum cuando se le preguntó sobre una eventual intervención estadounidense contra cárteles en México y dejó claro a Trump que está dispuesta a colaborar e intercambiar información. Recientemente, la cancillería mexicana protestó por letreros del Pentágono clavados en Playa Bagdad, Tamaulipas, que declaraban esa franja como “propiedad del Departamento de Guerra de Estados Unidos”. Semanas antes de ese evento, en el cielo mexicano se libraba otra disputa: drones MQ-9 Reaper operados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobrevolaron espacio aéreo de México rastreando laboratorios y rutas del narco. Washington los presentó como cooperación bilateral antidrogas.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, presume que, tras una combinación de muro reforzado, tecnología de vigilancia y operativos coordinados con la Patrulla Fronteriza, “las cifras no mienten: esta es la frontera más segura”.
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Desde X, Noem remata que Trump “no sólo gestionó la crisis, sino que la erradicó. Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones”. El zar fronterizo estadounidense, Tom Homan, asegura que “los cárteles están quebrados” y promete que, bajo el liderazgo del presidente, “los vamos a borrar de la faz de la Tierra”.
“Para Trump y su gabinete de seguridad queda claro que los drones militares son una gran respuesta contra el narcotráfico”, señala Ortiz; “y si a esa narrativa sumamos la efectividad de los drones armados en misiones en Medio Oriente contra líderes de grupos terroristas, queda claro lo que están dispuestos a hacer en México contra los líderes del narcotráfico”.
Otra muestra ha venido desde septiembre; la administración Trump ha difundido videos, grabados desde drones armados o helicópteros de ataque, donde se observan explosiones sobre lanchas rápidas identificadas como “narcolanchas” procedentes principalmente de Venezuela y Colombia. La Casa Blanca sostiene que se trata de operaciones de “autodefensa adelantada” para evitar que el fentanilo y la cocaína lleguen a ciudades estadounidenses; sin embargo, las evidencias sobre carga y vínculos de los tripulantes son escasas o inexistentes y casi nunca se presentan pruebas que permitan identificar a los muertos como miembros de cárteles.
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Human Rights Watch (HRW) ha condenado abiertamente esa escalada. Sarah Yager, directora de la oficina de HRW en Washington, resumió el problema: “las autoridades estadounidenses no pueden matar de forma sumaria a personas a las que acusan de traficar con drogas. El problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ejecuciones extrajudiciales se han sumado a esa crítica.
Pero la escalada alcanzó un nuevo nivel cuando fuerzas estadounidenses interceptaron e incautaron un petrolero con crudo venezolano cerca de las costas del país. El gobierno de Nicolás Maduro calificó la medida de “robo descarado” y acto de “piratería internacional”.
Ortiz señala que a Maduro se le pasó decir que Estados Unidos detuvo el buque petrolero venezolano “porque lo considera parte de una red clandestina de transporte de crudo sancionado, usada tanto por Venezuela como por Irán”. De acuerdo con Ortiz, la evidencia en manos del gobierno estadounidense apunta a que el barco fue empleado previamente por Irán bajo el nombre de Adisa, “lo que refuerza la narrativa estadounidense de vínculos con financiamiento de grupos terroristas”. Para Maduro, su país enfrenta una agresión imperial destinada a derrocarlo y controlar su petróleo. La confrontación con Trump le sirve también para cohesionar a sus bases internas.
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Del lado estadounidense, el rostro político de esa presión sobre Venezuela y los cárteles de la droga en Latinoamérica es hoy Marco Rubio, el secretario de Estado. En agosto, Rubio resumió la posición de EU con una frase que desnuda al líder venezolano: “El régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno, es una organización criminal”. Añadió que el Cártel de los Soles, que atribuye al propio Maduro, es una organización que “se hace pasar por un gobierno” y que EU enfrenta “grupos narcoterroristas designados que operan en la región” usando aguas y espacio aéreo internacionales para “traficar veneno a Estados Unidos”.
La tercera pata del triángulo es Colombia, donde la ofensiva marítima estadounidense ha chocado frontalmente con la visión del presidente Gustavo Petro, pero “también con sus temeridades”, asegura el abogado Ortiz: “hacer un llamado público a las fuerzas armadas estadounidenses en Washington a que desobedezcan a sus superiores y esperar un buen trato, es bastante irracional”.
“Trump capitaliza el miedo al fentanilo para justificar una expansión de poderes ejecutivos que le permiten ordenar ataques en el mar Caribe y el Pacífico, anunciar que los golpes por tierra en Venezuela comenzarán muy pronto y advertir que cualquier país que produzca y exporte drogas a Estados Unidos, como Colombia y México, podría ser atacado”, concluye Ortiz.
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En 2025, con lo que hoy se puede documentar públicamente, México ha entregado al menos a 55 líderes y mandos importantes de cárteles de la droga a Estados Unidos, en dos grandes oleadas coordinadas y otra serie de extradiciones individuales adicionales. De acuerdo con fuentes de seguridad de ambos países, los traslados se llevaron a cabo en dos misiones de alto sigilo a lo largo del año: en febrero con la entrega de 29 presos y en agosto, 26 más.
Se trató de la entrega, no extradición, de capos históricos, jefes de plaza, operadores financieros y mandos regionales de Sinaloa, CJNG, Zetas/Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Juárez/La Línea y Arellano Félix, entre otros. Hay que sumar casos sueltos que no entraron en las dos caravanas masivas pero que también son narcos a ojos de las autoridades.
Entre esos 55 narcos aparece Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, reclamado desde hace décadas por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, y por el envío de toneladas de droga a Estados Unidos; “su traslado a Nueva York [en febrero] cerró un capítulo histórico de la guerra contra las drogas y mandó un mensaje directo de alineamiento con Washington”, dice a EL UNIVERSAL la analista Jane Williams.
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A su alrededor, la operación barrió mandos de la facción de Los Chapitos y de Los Mayos. De acuerdo con una fuente del Departamento de Justicia, son importantes no sólo porque controlaban rutas clave hacia varios estados de la Unión Americana, sino porque “conocían de primera mano la estructura financiera, la red de laboratorios de fentanilo y las alianzas internas entre Chapitos, Mayos y células como Los Rusos”, representados en el grupo por mandos como Héctor Eduardo Infante. “Cada uno es, para la DEA, una pieza con información de altísimo valor sobre la guerra intestina dentro de Sinaloa”, dice la fuente.
El otro gran bloque de alto perfil es el del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus aliados, donde la joya de la corona es Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera El Mencho y descrito por las autoridades como su principal operador financiero y logístico. “Son quienes mueven el dinero, coordinan rutas de metanfetamina y fentanilo hacia el centro y la costa este [de EU] y, sobre todo, quienes conocen cómo se han blindado las finanzas del cártel”. Su cooperación, si se da, es oro en la estrategia estadounidense contra las redes de precursores químicos y lavado, confirma la fuente del Departamento de Justicia.
En el universo de Los Zetas y su derivado, el Cártel del Noreste, la lista parece sacada de una enciclopedia del terror de los años 2000 y 2010. En febrero salieron rumbo a distintas cortes estadounidenses Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño, Z-42, antiguos jefes máximos de Los Zetas. “Este bloque es crucial para Washington porque concentra responsables de masacres, secuestros y tráfico de migrantes; y porque desmantelar los restos de Zetas y Cártel del Noreste es central para pacificar corredores como Tamaulipas y Coahuila en México y su frontera con el país”, dice la fuente del Departamento de Justicia. La extradición también golpeó al Cártel del Golfo y sus escisiones.
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“Cuanto más alto el perfil, más valiosa la información”, dice Williams.
“Entregar información sensible a cambio de una esperanza de reducción de pena, reclusión con mejores condiciones o incluso algún programa futuro de protección de testigos”, señala Williams.
La pregunta que se impone al cierre de 2025 es si habrá una tercera entrega masiva. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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