WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el martes la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para desplegar elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago con el fin de respaldar sus restricciones migratorias.
Los jueces del máximo tribunal desestimaron la petición de emergencia presentada por el gobierno para anular un fallo de la jueza federal April Perry, que había bloqueado dicho despliegue. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir. La Corte Suprema tardó más de dos meses en pronunciarse.
Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, expresaron su disenso públicamente.
Aunque no se trata de un fallo definitivo, podría influir en otras demandas que cuestionan los intentos de Trump de desplegar miembros de las fuerzas armadas en otras ciudades gobernadas por demócratas.
Este es un inusual revés de la Corte Suprema hacia Trump, quien había obtenido repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió nuevamente el cargo en enero pasado. El tribunal, de mayoría conservadora, ha permitido que Trump prohíba la incorporación de personas transgénero a las fuerzas armadas, recupere miles de millones de dólares en gastos federales aprobados por el Congreso, implemente medidas agresivas contra inmigrantes y despida a titulares de agencias federales independientes.
El gobierno inicialmente buscó la autorización para desplegar tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas en el área de Chicago, pero el contingente texano, de unos 200 soldados, fue posteriormente enviado de regreso a su estado.
El gobierno federal ha argumentado que la presencia de las tropas es necesaria “para proteger al personal y propiedades federales ante la resistencia violenta contra las restricciones federales de inmigración”.
Sin embargo, Perry señaló que no encontró evidencia significativa de un “peligro de rebelión” en Illinois ni razones para creer que las protestas en ese estado hayan obstaculizado la batida migratoria de Trump.
Perry había ordenado inicialmente bloquear el despliegue por dos semanas, pero en octubre pasado extendió su orden de manera indefinida mientras la Corte Suprema revisaba el caso.
La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, ha sido escenario de tensas protestas en las que agentes federales han utilizado en ocasiones gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.
Las autoridades arrestaron a 21 manifestantes la semana pasada y aseguraron que cuatro agentes resultaron heridos fuera de la instalación de Broadview. Los arrestos fueron realizados por autoridades locales.
El caso de Illinois es solo una de varias disputas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha presentado una demanda para detener el despliegue de más de 2.000 guardias en la capital del país. Cuarenta y cinco estados han presentado documentos ante el tribunal federal en ese caso, de los cuales 23 apoyan las acciones del gobierno y 22 respaldan la demanda de Schwalb.
Más de 2.200 soldados de cuerpos de la Guardia Nacional de varios estados con gobiernos republicanos permanecen en Washington, aunque la emergencia declarada por Trump en agosto debido a los altos índices delictivos concluyó un mes después.
Un juez federal en Oregon bloqueó permanentemente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ese estado, por lo que los 200 soldados de la Guardia Nacional de California que formaban parte del despliegue están siendo enviados de regreso a su estado, explicó un funcionario.
Un tribunal estatal en Tennessee falló a favor de funcionarios demócratas que presentaron una demanda para detener un despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, que Trump ha calificado como una réplica de sus restricciones en Washington, D.C.
En California, un juez declaró en septiembre que el despliegue en el área de Los Ángeles era ilegal. Para entonces, solo 300 de los miles de soldados enviados a la zona permanecían en el lugar, por lo que el juez no ordenó su retiro.
El gobierno federal ha presentado apelaciones contra los fallos de California y Oregon ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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