Fuente: Hoy Digital
Corrupción: los principales escándalos judiciales que marcaron el 2025 en República Dominicana
El año 2025 estuvo marcado por la revelación de varios casos judiciales, todos vinculados a la corrupción, un delito que la actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha prometido combatir con énfasis.
“La corrupción afecta de manera transversal el desarrollo de los pueblos. Cuando se comete un acto corrupto, recursos que deberían destinarse a Salud Pública, Educación o Seguridad no llegan. Por tanto, ¿quién resulta perjudicado? La sociedad”, recordó recientemente Berenice Reynoso.
A continuación, presentamos los cinco principales casos de corrupción administrativa que se ventilaron durante 2025, algunos aún sin resolverse.
En septiembre, el caso conocido como Antipulpo captó gran atención mediática debido al acuerdo entre Maxy Montilla y el Ministerio Público. Sin embargo, un mes antes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenció a Alexis Medina Sánchez, uno de los principales implicados, a 7 años de prisión.
Tras más de seis horas de deliberación, las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissell Soto Peña dictaron la sentencia oficial.
Este caso involucró a exfuncionarios y empresarios acusados de supuestas irregularidades en contratos públicos y desvío de fondos.
Operación Coral y Coral 5G
Aunque las investigaciones conocidas como operación Coral y Coral 5G comenzaron en 2021 y 2022, durante 2025 continuaron sus procesos judiciales en tribunales dominicanos con audiencias y resolución de recursos presentados por la defensa.
En agosto, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó una petición para archivar el caso por prescripción, reafirmando que la causa debe proseguir pese a retrasos procesales y contando con cientos de pruebas y múltiples implicados, incluidos altos oficiales de las Fuerzas Armadas y seguridad estatal.
El escándalo en Senasa
Uno de los casos más recientes y que causó gran impacto social fue el del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En septiembre, el presidente Luis Abinader ordenó que Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), y Edward Guzmán, director ejecutivo de Senasa, entregaran un informe sobre graves irregularidades detectadas en esa entidad a la Procuraduría General.
El mandatario dispuso que el Ministerio Público iniciara las investigaciones correspondientes. A través de su cuenta en X enfatizó: “tengo muchos amigos, pero no cómplices”, lo cual generó gran repercusión nacional y apuntó hacia la gestión de Santiago Hazim, quien fue removido un mes después tras enviarse el informe.
El 7 de diciembre, más de 20 fiscales junto a más de 200 agentes policiales ejecutaron 12 allanamientos contra presuntos miembros de una red corrupta que afectó la administración de riesgos en salud para afiliados subsidiados y contributivos del sector público por RD$15 mil millones. Esta operación fue denominada Cobra.
Durante esta acción fueron arrestados el exdirector de Senasa y otras siete personas imputadas por defraudar a esa entidad. Al grupo se le atribuyen cargos como “coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación documental y lavado de activos”.
Intrant
El segundo caso más comentado e indignante para la sociedad dominicana fue el del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) bajo la administración de Hugo Beras.
Aunque la operación Camaleón inició en octubre del 2024, fue durante todo 2025 cuando se conocieron detalles completos sobre cómo operaba esta presunta red desde hace tiempo y quiénes eran los involucrados y empresas señaladas.
La Procuraduría informó que esta estructura defraudó al Estado mediante contratos para modernizar el sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Además del propio Beras, fueron procesados José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix S.A.S., Frank Díaz Warden (excoordinador del Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (exdirector tecnológico), Pedro Vinicio Padovani Báez (exjefe del Centro Control Tráfico), Juan Francisco Álvarez Carbuccia (director administrativo-financiero) y Carlos José Peguero Vargas.
Se impusieron diversas medidas coercitivas contra Beras y Gómez desde prisión preventiva hasta garantía económica. El juicio preliminar está programado para iniciar este 15 de diciembre.
Operación Lobo
En julio comenzó una operación anticorrupción llamada Lobo destinada a desmantelar una supuesta red criminal que utilizaba sobornos para obtener contratos y mantener servicios privados en instituciones públicas.
El Ministerio Público señaló que esta estructura operaba en entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Senasa y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur; los sobornos detectados superan los 100 millones de pesos.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, realizó 15 allanamientos en Distrito Nacional y Santiago. A todos los imputados —militares y civiles— se les impuso prisión domiciliaria.
Pese a ello, Wilson Camacho, procurador adjunto, aseguró que las pruebas presentadas son irrefutables e incluyen documentación financiera detallada sobre cada transacción vinculada a los sobornos.
El acuerdo con Maxy Montilla
Este fue uno de los casos más resonantes recientes; sin embargo, lo ocurrido en septiembre llevó a mantenerlo en primera plana durante semanas despertando atención pública. Mientras muchos celebraron el sistema judicial dominicano, otros cuestionaron cómo algunos casos se resuelven mediante compensaciones económicas.
Se trata del pacto alcanzado entre el Ministerio Público y Maxy Gerardo Montilla —cuñado del expresidente Danilo Medina— también conocido popularmente como Maxy Montilla.
Este acuerdo incluyó a varias empresas vinculadas que reconocieron responsabilidad penal y autorizaron el decomiso al Estado dominicano por RD$2,000 millones en efectivo.
Montilla también pagó una indemnización por RD$600 millones a Edeeste, Edesur y Edenorte como reparación por daños causados. Este caso forma parte reconocida dentro de la operación Antipulpo.
Operación Gavilán
En agosto del 2025 se desarticuló una presunta red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías dedicada durante años a borrar antecedentes penales previo pago ilícito.
Un equipo conjunto entre fiscales especiales y unidades policiales junto con la Dirección Nacional Control Drogas (DNCD) realizó allanamientos en Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra esta estructura que eliminaba antecedentes relacionados con narcotráfico, asesinatos, robos u otros delitos graves.
Durante estas acciones fueron detenidas 12 personas entre policías nacionales, empleados administrativos y técnicos judiciales además un expolicía. La operación recibió el nombre Gavilán; a finales del mismo mes 13 acusados recibieron condenas que llegan hasta diez años cárcel.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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