Fuente: europa press
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 10:51
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OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) –
El Partido Animalista (Pacma) ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) contra la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que aprueba el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026.
Pacma sostiene que este programa incumple de manera evidente la normativa europea y nacional de protección de la fauna, al permitir la captura y eliminación de ejemplares de lobo en un contexto donde la especie se encuentra en estado desfavorable para su conservación en todo el territorio español, según los informes oficiales enviados por España a la Comisión Europea y el reciente censo nacional del lobo.
La formación política argumenta que el plan asturiano no respeta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohíbe tomar medidas letales contra especies protegidas cuando su estado de conservación es desfavorable, incluso en las zonas donde la normativa autoriza acciones de gestión. En este marco, Pacma critica que la Administración autonómica haya optado por la caza como principal herramienta, ignorando el principio de precaución ambiental y las obligaciones que impone la Directiva Hábitats.
En su demanda, Pacma también cuestiona la validez científica de los informes técnicos en los que se fundamenta el programa, señalando que estos sobreestiman la población de lobos, omiten datos clave sobre su situación real y no cumplen con los criterios metodológicos establecidos por la normativa europea.
El partido animalista denuncia además la carencia de una estrategia efectiva para la convivencia con la ganadería, destacando que el programa no prioriza ni desarrolla medidas preventivas como la protección del ganado, el empleo de mastines, cerramientos o una política compensatoria ligada a la prevención.
Del mismo modo, la demanda pone en evidencia la “falta de transparencia y participación pública”, al no haberse asegurado un proceso real de audiencia ni el acceso completo a la información ambiental, lo que a su juicio vulnera el Convenio de Aarhus y la legislación española sobre participación ciudadana.
La formación política finaliza expresando su esperanza en que la demanda sea aceptada “en defensa de lo que es de todos y no solo de los cazadores: la naturaleza, nuestros bosques y parques nacionales”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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