Fuente: Manuel Duran/manuel_duran@memphisnoticias.com
NASHVILLE, Tennessee — Desde el 1 de enero, una reciente normativa en Tennessee introducirá una distinción visible —y controvertida— entre ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales al solicitar una identificación o licencia de conducir.
La ley estipula que toda persona que renueve o restablezca su identificación o licencia tras el Año Nuevo deberá presentar prueba de ciudadanía estadounidense. Aquellos que no logren hacerlo, incluso siendo residentes legales permanentes, recibirán una identificación temporal con un diseño diferente al otorgado a los ciudadanos.
El proyecto aprobado por el estado aclara que quienes obtengan la ciudadanía posteriormente podrán entregar la documentación pertinente “en cualquier momento” para acceder a una licencia convencional.
Hasta ahora, Tennessee ya emitía identificaciones temporales a personas no ciudadanas cuya estancia en el país está autorizada por el gobierno federal para fines específicos y por un tiempo limitado. Sin embargo, esta nueva medida va más allá: dichas identificaciones temporales no serán válidas cuando el derecho o beneficio corresponda exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.
Uno de estos casos es el derecho al voto. La legislación destaca que las identificaciones temporales deberán portar un distintivo visual que las distinga claramente de las emitidas a ciudadanos, con el fin de evitar confusiones en procesos donde se requiere la ciudadanía.
A pesar de ello, esta ley reaviva un debate ya ampliamente discutido. Los extranjeros no ciudadanos —incluidos los residentes permanentes legales— no pueden votar en elecciones federales, estatales ni en la mayoría de las locales. Según expertos, la problemática que se pretende resolver es prácticamente inexistente.
“El fraude electoral cometido por extranjeros es sumamente raro”, señala el Instituto de Política Migratoria. Esta organización asegura que no hay pruebas de que inmigrantes indocumentados, residentes permanentes o personas con visas temporales estén votando, a pesar de afirmaciones frecuentes sobre la participación ilegal de “millones” de extranjeros en elecciones.
El instituto también recuerda que cualquier extranjero que intente registrarse para votar o lo haga ilegalmente enfrenta penas de hasta cinco años de prisión, con consecuencias graves que pueden incluir la deportación.
Mientras la nueva ley entra en vigor, defensores de inmigrantes y organizaciones comunitarias advierten que su impacto no será solo administrativo, sino también simbólico: una identificación diferenciada que, para muchos, refuerza una división ya palpable en la vida cotidiana.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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