Fuente: Hoy Digital
¿Quién domina las armas? ¿Quién gobierna el dinero? ¿Quién está dispuesto a aceptar la derrota electoral sin fracturar la democracia?
La teoría política distingue dos grandes categorías de transiciones hacia la democracia desde regímenes autoritarios, aunque en la práctica rara vez se presentan en su forma pura. Por un lado, existen las transiciones negociadas, que se basan en acuerdos entre sectores del régimen autoritario y la oposición, generalmente entre los grupos más moderados de ambos bandos. Estos procesos suelen implicar continuidades institucionales, garantías para las élites que abandonan el poder y amnistías, con cambios graduales y controlados. Chile y España son ejemplos emblemáticos. Philippe Schmitter y Guillermo O’Donnell señalaron que este tipo de negociación ocurre principalmente porque ninguna de las partes tiene suficiente fuerza para imponerse por completo. Por otro lado, están las transiciones a la democracia que emergen tras el colapso del régimen autoritario, debido a crisis económicas, derrotas militares o movilizaciones civiles. Argentina después de la guerra de Malvinas, así como Grecia y Portugal en 1974, ilustran esta vía.
Décadas después surgió una pregunta adicional: ¿qué clase de democracia queda tras una transición y con qué capacidades efectivas? Aquí surgen diversas teorías. Juan Linz y Alfred Stepan destacan que salir del autoritarismo no basta; la democracia debe ser aceptada por todos los actores como el único sistema viable. O’Donnell, en cambio, observó que muchas transiciones generan democracias electorales pero no republicanas e introdujo el concepto de “ciudadanía de baja intensidad”. Adam Przeworski, desde una perspectiva institucional, afirmó que la democracia funciona cuando los perdedores aceptan los resultados con la expectativa de poder ganar en futuras elecciones.
Venezuela se presenta hoy como un laboratorio para la teoría de transiciones. Con información incompleta y hasta que los actores con poder de decisión y veto se organicen, este fenómeno es extraordinario y políticamente incierto. Dicho esto, una intuición parece evidente: detener a Maduro no resuelve la transición; solo marca el inicio del periodo más peligroso, donde se definirá si el proceso concluirá en una ruptura, una transición negociada o una experiencia mixta.
Tres posibles caminos
El primer escenario es el de una ruptura. Ocurre si la captura de Maduro provoca el colapso del liderazgo y se pierde la capacidad de coordinación dentro del régimen. Podrían surgir fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, las milicias y los gobiernos locales. La fragmentación del aparato coercitivo abriría una ventana para reformas rápidas como liberar presos políticos, convocar elecciones o desmantelar estructuras paralelas. El principal peligro radica en caer en anomia y violencia, represalias, detenciones arbitrarias, censura comunicacional, o que figuras como Diosdado Cabello, Padrino López o mandos locales compitan por conservar o aumentar su poder; incluso que el orden sea restaurado por un actor armado convertido en salvador.
El segundo camino sigue la lógica de transiciones pactadas. La restauración institucional y convocatoria a elecciones ocurrirían a cambio de garantías tales como exilio, amnistías parciales y mantenimiento de cuotas económicas o militares. Este acuerdo involucraría a sectores moderados del chavismo junto con la oposición y garantes externos. Se trataría de un pacto bajo cierta coacción: los actores clave no solo pueden negociar sino también hacer cumplir lo convenido, aunque muchos no sean democráticos per se. Los riesgos son típicos de este tipo de democracias: justicia débil, un Estado susceptible a ser colonizado por intereses particulares, corrupción reciclada en un nuevo régimen y concesiones institucionales destinadas a asegurar estabilidad y pacificación.
El tercer escenario describe una transición tutelada. La oposición podría ganar poder y provocar un cambio en las élites gobernantes; sin embargo, el cambio no surgiría principalmente por dinámicas internas sino gracias a la intervención o supervisión externa. Bosnia Herzegovina (1995) e Irak (2003) son ejemplos extremos. El riesgo principal es un gran déficit de legitimidad debido a una democracia percibida como impuesta desde fuera con baja capacidad para lograr obediencia interna. A esto se suma la persistencia del chavismo sin Maduro como identidad política anclada en redes territoriales, económicas vinculadas a corrupción y narcotráfico, reforzada por discursos sobre agresión extranjera.
Impunidad o incertidumbre
Si predomina un pacto, la transición hacia una democracia electoral puede acelerarse; sin embargo, actores heredados del régimen anterior —militares, jueces, servicios secretos o futuros legisladores— conservan poder y privilegios. Esto suele traducirse en negociaciones para mantener impunidad, reformas institucionales lentas y áreas del Estado bajo control de antiguas administraciones.
Si prevalece una ruptura, la democracia podría nacer con mayor impulso reformista pero también con niveles elevados de incertidumbre económica y menor confianza inicial en nuevos actores, instituciones y élites.
El tipo de régimen que emerja en Venezuela dependerá del peso relativo que tengan los actores —democráticos o no— capaces de construir o vetar acuerdos. En última instancia, el éxito se resume en tres interrogantes: quién controla las armas; quién maneja el dinero; y quién puede garantizar creíblemente que si pierde elecciones —y con ellas privilegios e impunidad— seguirá comprometido con la democracia. En Venezuela la democracia podrá comenzar ganando unas elecciones pero sólo prosperará cuando alguien acepte perderlas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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