Fuente: Hoy Digital
Los sistemas electorales no son imparciales; reflejan los intereses políticos de quienes los diseñan y aprueban. Los gobiernos, partidos y parlamentos intervienen en la creación y modificación de las reglas que regulan la competencia por el poder político. En México, durante los últimos cuarenta años, se han implementado diversas reformas electorales que permitieron evolucionar de un sistema de partidos poco competitivo a uno más plural, lo que ha dado lugar a gobiernos divididos (presidentes sin mayoría en el Congreso), a gobiernos yuxtapuestos (diferentes partidos gobernando a nivel nacional y estatal) y a alternancias políticas en todos los niveles.
Después de dos intentos fallidos de reforma electoral impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, MORENA, que no alcanzaron la mayoría calificada necesaria en el Poder Legislativo para modificar la Constitución, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum creó en agosto del presente año la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, integrada por funcionarios federales y presidida por la propia mandataria. Esta Comisión se presenta como un espacio destinado a escuchar a la ciudadanía, analizar el sistema vigente y proponer mejoras que “garanticen elecciones libres, transparentes y representativas”.
De acuerdo con esta Comisión, el insumo para formular la propuesta de reforma electoral consiste en realizar foros en todas las entidades del país junto con una encuesta dirigida a la población sobre temas electorales. Hasta ahora se han llevado a cabo 65 eventos con la participación de más de cinco mil personas y se han recibido más de 300 propuestas, según informa la Comisión en su sitio web a principios de diciembre. Según su calendario, la propuesta final será entregada a la presidenta en enero de 2026. La fecha límite para aprobar una reforma constitucional en materia electoral es 90 días antes del inicio del proceso electoral federal, que comienza el 1 de septiembre de 2026.
El discurso oficial señala que esta vez, a diferencia de reformas anteriores, se está escuchando al pueblo mediante opiniones ciudadanas y foros públicos. Sin embargo, esta retórica gubernamental no elimina las negociaciones entre las élites dentro del partido gobernante y sus aliados, ni con los partidos opositores. La ventaja actual del gobierno federal respecto al pasado es que cuenta con mayoría legislativa junto con sus aliados para efectuar cambios constitucionales. En resumen, MORENA dispone tanto del tiempo como de los votos necesarios para aprobar su reforma electoral.
Las resistencias podrían surgir entre los aliados o algunos grupos internos de MORENA, pero no tanto desde la oposición, que destaca por su ausencia en el debate sobre la reforma y por la crisis de liderazgo dentro de sus partidos. Cambios ya realizados mediante decretos promulgados por la presidenta Sheinbaum —como extender la prohibición de reelección consecutiva a todos los cargos electivos o impedir candidaturas a familiares de funcionarios— fueron decisiones tomadas por el partido gobernante y sus aliados, no por la oposición.
Los partidos opositores han mostrado una completa ausencia de propuestas concretas, limitándose a rechazar aspectos de iniciativas previas del gobierno como eliminar legisladores por representación proporcional, elegir por voto popular a consejeros del órgano electoral nacional, reducir el financiamiento público a los partidos o eliminar organismos y tribunales electorales locales. Hasta ahora no han logrado posicionarse como actores relevantes en el debate sobre la reforma electoral y únicamente reaccionan a las acciones gubernamentales argumentando que tales propuestas afectan la competencia política.
La responsabilidad sobre las modificaciones al sistema electoral recae directamente en los partidos políticos mediante sus representantes. Debido a que MORENA y sus aliados cuentan con mayoría legislativa, serán ellos quienes decidan sobre esta reforma. Aunque en décadas recientes el sistema político mexicano ha demostrado capacidad para alcanzar acuerdos que propiciaron un sistema competitivo con pluralidad política después de un periodo hegemónico no competitivo, también ha evidenciado prácticas contrarias a las normas diseñadas: recibir recursos ilegales pese al generoso financiamiento público, adelantarse ilegalmente en campañas fuera del plazo permitido o fomentar clientelismo político con recursos públicos son ejemplos abundantes.
Que los sistemas electorales carezcan de neutralidad no implica necesariamente que haya inequidad en la competencia. Quienes crean y modifican estas reglas pueden diseñar sistemas más plurales y representativos. La incertidumbre actual respecto a la propuesta mexicana radica en los intereses del gobierno y su partido. Aunque aún no existen propuestas definitivas, algunas declaraciones dadas por Pablo Gómez, encargado de la Comisión, mencionan eliminar la representación plurinominal y las autoridades electorales locales, entre otros asuntos presentes en esas entrevistas. Si estas reformas se concretaran, favorecerían exclusivamente a los partidos con mayor presencia territorial para elegir representantes, dejando fuera distintas expresiones políticas que no alcancen mayoría en alguno de los 300 distritos electorales federales en el país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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