Fuente: Noticias SIN
Austin (EE.UU.).- Durante el primer año en el cargo, el presidente Donald Trump implementó una política migratoria “sin precedentes” en Estados Unidos, caracterizada por una postura estricta que incluyó un récord en detenciones, métodos cada vez más agresivos, limitaciones a la migración legal y un uso intensivo de órdenes ejecutivas, cuyos efectos económicos y humanitarios, según especialistas, se prolongarán por varios años.
El año pasado, desde el inicio de su mandato actual, fueron deportados un total de 622,000 individuos, conforme a datos del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque esta cifra es elevada, es inferior a las 778,000 deportaciones registradas durante el último año fiscal completo bajo la administración de Joe Biden y queda lejos del compromiso republicano de alcanzar un millón de deportaciones anuales.
Para aumentar estas cifras, la Administración empleó medidas fuertemente criticadas y con cuestionamientos legales, como la expulsión de migrantes hacia terceros países. En su primer año, cientos de personas fueron devueltas a al menos 14 naciones distintas a sus países de origen, entre ellas Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur.
Las detenciones sí alcanzaron niveles históricos. En promedio, más de 73,000 migrantes se encontraban bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
El American Immigration Council alerta que el Gobierno “está encarcelando a cientos de miles de personas –la mayoría sin antecedentes penales– en un sistema de detención riguroso que dificulta enormemente disputar sus casos o conseguir la libertad”.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional han denunciado condiciones “inhumanas” en los centros de detención, con reportes de hacinamiento y abusos físicos y psicológicos.
El año 2025 fue el más letal en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 muertes registradas.
Según datos oficiales, la plantilla de agentes de ICE se duplicó pasando de alrededor de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago o Minneapolis.
Varias ONG han reprochado las tácticas violentas y confrontativas con residentes. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, agentes federales han disparado contra personas en aproximadamente 30 redadas, según información del portal especializado The Trace.
Además, bajo este nuevo Gobierno republicano los agentes comenzaron a cubrirse el rostro con pasamontañas y operar en vehículos sin identificar.
El énfasis puesto en las detenciones ocasionó la captura incluso de ciudadanos estadounidenses o personas con estatus legal: más de 170 ciudadanos fueron arrestados por agentes migratorios, según ProPublica.
ICE también trasladó los arrestos a tribunales migratorios y oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), deteniendo a migrantes que acudían a trámites legales, incluyendo cónyuges de ciudadanos o personas próximas a naturalizarse.
El Gobierno emprendió una ofensiva para eliminar programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales de 11 países –entre ellos Venezuela, Haití y Honduras– así como el ‘parole’ humanitario instaurado durante la administración Biden. Como consecuencia, más de un millón ingresados legalmente quedaron expuestos a la posibilidad de deportación.
Juan Molina, abogado especializado en inmigración con sede en Houston, explica que estas decisiones generan una paradoja: “Inconscientemente están favoreciendo a quienes ingresaron ilegalmente y nunca intentaron regularizar su situación; esas personas obtienen más beneficios que quienes intentaron hacerlo legalmente”, afirmó en entrevista con EFE.
En la frontera, al eliminarse la opción para solicitar asilo tanto en puntos oficiales como tras cruces irregulares se produjo una caída drástica en los cruces y detenciones hasta alcanzar los niveles más bajos en cinco décadas, con un promedio mensual cercano a los 9,700 cruces.
Las restricciones también afectaron la migración legal: se suspendieron visas para inmigrantes provenientes de 75 países, se paralizó el programa para refugiados y se cancelaron la lotería de diversidad junto con varios mecanismos destinados a la reunificación familiar.
Molina destaca además un componente cultural presente en el discurso oficial: “Al ingresar a la página web o redes sociales del USCIS hay un énfasis en ‘defender la nación’, promoviendo la idea de una invasión y una cultura homogénea como si eso representara la realidad del país”, señaló.
El Migration Policy Institute (MPI) resalta igualmente el uso intensivo de las órdenes ejecutivas. Hasta el 7 de enero del presente año, Trump firmó 38 órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, lo que representa cerca del 17 % del total emitido durante su primer año. MPI calcula que durante ese período la Administración adoptó más de 500 medidas migratorias.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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