Fuente: Yadimir Crespo/yadimir_crespo@listindiario.com
Organismos destacan que uno de los desafíos del sistema continúa siendo la recopilación de datos sobre estudiantes con discapacidad o alguna condición especial.
La diversidad en las aulas universitarias es una constante diaria que no siempre cuenta con la información necesaria para ofrecer una educación inclusiva de verdad.
Luego de la publicación del reportaje “Derriban barreras para alcanzar profesiones” el pasado lunes, varios profesores universitarios expresaron que imparten sus clases sin conocer que tienen estudiantes con discapacidad entre su alumnado, una falta de comunicación que, según ellos, dificulta la adecuación de metodologías, evaluaciones y apoyos adecuados.
“Para uno es incómodo, no porque tome más tiempo ni sea más complicado, sino porque no sabemos cómo manejar esa situación; no queremos causar ningún daño”, relata una docente que trabaja en diversas universidades de la capital dominicana y que, junto a otros colegas, se queja de que las instituciones no informan a los profesores sobre la presencia de estudiantes con discapacidad en sus aulas.
La mujer, quien prefirió mantener su nombre en reserva, comentó en una llamada a Listín Diario que si bien algunas discapacidades físicas son evidentes, desconocen otras condiciones, incluso psicológicas y psiquiátricas, que pueden manifestarse en clase y para las cuales no existen protocolos en las instituciones superiores donde labora.
Respeto a la confidencialidad
Algunos opinan que las universidades no deberían notificar a los docentes sobre esto, sino que debe ser decisión del alumno revelar o no su condición.
Este es el caso de Scarly Urbano, integrante del Consejo Facultativo del Círculo de Mujeres con Discapacidad y colaboradora en la Dirección de Servicios para la Inclusión de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
Uno de los profesores consultados señaló esta oficina como ejemplo de buenas prácticas. Creada en 2018, fue pionera en el país y hasta ahora ha beneficiado a más de 200 personas entre estudiantes con discapacidad, Trastorno del Espectro Autista (TEA), condiciones crónicas o temporales de salud, salud mental y necesidades educativas específicas que afectan su rendimiento académico, además de docentes y personal administrativo que requieren orientación para una atención inclusiva.
En el semestre actual atienden a 84 estudiantes y 40 profesores. Sin embargo, esta asistencia solo se ofrece a quienes lo solicitan voluntariamente.
Apoyo individualizado
El departamento elabora un plan personalizado de ajustes razonables para adaptar el soporte a cada usuario del servicio de inclusión y asegurar las condiciones necesarias para su participación plena sin reducir los estándares académicos.
En un documento enviado a este medio detallan que el proceso comienza con una entrevista directa para identificar necesidades, fortalezas y obstáculos del estudiante en el ámbito académico. Tras la validación y aprobación del alumno, se comparte el plan con cada profesor involucrado y con el director de la escuela correspondiente. No obstante, el profesorado no recibe información clínica o diagnóstica; solo trabajan con estrategias, metodologías y orientaciones pedagógicas establecidas en el plan.
Adicionalmente, desde 2025 cuentan con guías orientativas para docentes, mantienen reuniones periódicas para apoyar a profesores con estudiantes usuarios del servicio de inclusión y ofrecen formación y certificación docente en Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), fortaleciendo así las competencias docentes respecto a la diversidad en el aula y promoviendo prácticas pedagógicas más flexibles e inclusivas.
Políticas nacionales
“Solo he tenido un estudiante con necesidades educativas especiales; aunque desconocía su diagnóstico formal, su comportamiento indicaba una condición particular”, comenta otro docente universitario que pidió mantener su anonimato por temor a represalias, pues acumula poco más de un año enseñando.
El profesor añade que actuó como facilitador respetando que la alumna nunca pidió trato preferencial; evaluó bajo los mismos criterios que al resto del grupo garantizando un proceso sin sesgos.
Sin embargo, califica a la joven como una distracción notable y afirma que institucionalmente nunca recibió capacitación ni materiales orientativos sobre cómo actuar ante estudiantes con necesidades educativas especiales como ella.
Un caso similar vivió Pastor de la Rosa, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd).
“Tuve un estudiante con déficit severo de atención y problemas graves de concentración. Intenté buscar soluciones pero a veces resulta imposible integrar a un alumno con ciertas discapacidades cognitivas en un espacio común con otros estudiantes sin esas condiciones; no es por negarles oportunidad, sino porque requieren atención especializada”, relata De la Rosa.
En la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se han logrado avances tanto en infraestructura accesible como en atención diversificada. Aun así, este profesional y docente en Sociología considera necesario contar con una política nacional definida para atender esta población.
“No puede depender exclusivamente de cada universidad; debe ser coordinado desde el Ministerio de Educación Superior; no veo al Mescyt actuando al respecto”, afirma De la Rosa, quien también sostiene que debe haber articulación interministerial incluyendo Salud y aspectos logísticos como transporte para estas personas.
Rectores universitarios
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) informó que, con respaldo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), se llevó a cabo un estudio diagnóstico sobre las necesidades de estudiantes con discapacidad en educación superior.
Además, crearon un grupo compuesto por unas 200 personas encargado de gestionar y dar seguimiento a temas relacionados con inclusión en las instituciones superiores del país.
Indicaron también que se ha reforzado la Red Interuniversitaria sobre Educación Superior para fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre universidades. No obstante, señalaron que uno de los principales desafíos sigue siendo consolidar información estadística más precisa, sistemática y comparable acerca de estudiantes con alguna discapacidad o condición especial.
De igual forma organizan periódicamente jornadas formativas y campañas de sensibilización dirigidas al personal académico y administrativo para mejorar la atención y acompañamiento a estudiantes discapacitados dentro del ámbito universitario.
La ADRU reconoció como pendiente la carencia estadística pero resaltó la incorporación reciente de instrumentos estandarizados para detectar condiciones discapacitantes como las Preguntas Washington formuladas por Naciones Unidas e integradas en formularios admisión siguiendo lineamientos del Mescyt.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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