Fuente: Hoy Digital
Santo Domingo. — Según el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, magistrado Edward López Ulloa, los delitos más comunes en la República Dominicana diariamente son el robo de motocicletas, celulares y metales, incluyendo los medidores eléctricos.
El magistrado aclaró que la persistencia en el robo de motocicletas no se debe a la negligencia de los dueños, sino a que un alto número de menores participan en esta actividad delictiva. Muchos son reincidentes, aunque cada día se incorporan nuevos adolescentes por primera vez.
Sobre el hurto de metales, el funcionario señaló que las autoridades han llevado a cabo múltiples allanamientos en metaleras y encuentros con sus propietarios, con el propósito de que comprendan qué materiales y a quiénes deben comprar sacos de medidores, ya que estos dispositivos son robados porque las Distribuidoras de Electricidad no los comercializan.
Durante una entrevista con Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, emitido domingos por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el representante del Ministerio Público detalló que cuando un medidor se daña, las Edes lo reemplazan y aplican protocolos para controlar el destino final del aparato inservible.
Afirmó que si alguien bajo la influencia de sustancias controladas ofrece alambres quemados y metales, el dueño del negocio debe entender que esos materiales provienen de un hurto y, por tanto, se vuelve cómplice y corresponsable del delito.
“Los principales robos, no solo en nuestra área sino a nivel nacional, corresponden a celulares, motores y metales, entre ellos los medidores eléctricos”, reiteró López. Añadió que tras analizar grabaciones y desarticular redes criminales concluyeron que la falta de cuidado de los propietarios junto a la participación de menores explican la persistencia de estos robos.
El fiscal destacó que su fiscalía —que cubre Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste— cerró 2025 con importantes avances, alcanzando una tasa de homicidios de 7.26, la más baja desde que esta jurisdicción se separó del Gran Santo Domingo.
Asimismo, mencionó que la cantidad de robos y otros delitos bajó significativamente gracias a la operatividad de la Fuerza de Tarea, que se reúne semanalmente los lunes en el Palacio de la Policía bajo la dirección del presidente Luis Abinader y otras altas autoridades del sistema de seguridad y justicia.
En esas sesiones se revisan las estadísticas criminales nacionales, monitorean los resultados obtenidos en la semana anterior y definen estrategias preventivas.
“Al iniciar con la Fuerza de Tarea recibíamos entre 300 y 350 denuncias por robos; al cerrar 2025 apenas había entre 50 y 60”, destacó.
Violencia social y homicidios
Otro problema que mantiene activos a fiscales y policías es la violencia social surgida por conflictos menores que frecuentemente terminan en homicidios, explicó Edward López.
“Reaccionamos con violencia ante cualquier trivialidad; un roce vehicular o una pisada en una fila puede acabar en muerte”, lamentó el magistrado al referirse al reciente caso del joven de 17 años fallecido tras una discusión entre conductores.
Comentó que aunque han disminuido los homicidios vinculados a atracos y robos, los conflictos sociales siguen creciendo, afectando negativamente la percepción ciudadana sobre seguridad.
López indicó que el país cerró el año pasado con 1,296 homicidios, casi la mitad (49.2 %) originados por conflictos sociales. “La mitad por conflicto social; así no hay manera de mejorar la percepción sobre inseguridad”, afirmó.
Advirtió que sin la participación activa de la población en prevenir y resolver estos conflictos será imposible reducir la violencia. “Debemos volver a nuestras raíces; el dominicano es pacífico pero parece que la pandemia nos dejó un chip violento que aún no hemos logrado eliminar”, expresó.
El fiscal de Santo Domingo Oeste manifestó su inquietud por la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien trasladó la Tercera Sala de la Corte de Apelación a Santo Domingo Este.
Recordó que el Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste fue creado en 2016 y consideró esta medida un retroceso porque obliga a ciudadanos y abogados a desplazarse largas distancias para apelar decisiones judiciales.
Explicó que alguien desde Pedro Brand debe salir desde las 5:00 am para llegar puntual a la Corte ubicada en avenida Sabana Larga; además, señaló que los abogados ya no podrán llevar procesos simultáneos como antes ocurría.
Añadió que con el nuevo Código Procesal Penal los jueces de Corte tienen que conocer y decidir sobre los casos pendientes, lo cual aumenta su carga laboral así como también eleva costos y dificulta trasladar testigos y víctimas.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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