Fuente: Listin diario
Dos docentes del Centro Educativo Emilio Prud´Homme sufrieron intoxicación debido a las fumigaciones agrícolas efectuadas en fincas vecinas a dicha institución, ubicada en la comunidad de Bandera, Cenoví, municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) presentó una denuncia formal contra los dueños o responsables de las fincas y cultivos situados alrededor del Centro Educativo Emilio Prud´Homme (Bandera, Cenoví), en San Francisco de Macorís.
Esta acción legal se fundamenta en el hecho de que dos maestras resultaron intoxicadas por una fumigación ilegal realizada cerca del centro educativo durante el horario habitual de clases, sin que se tomaran precauciones, controles ni se notificara previamente a la comunidad escolar.
Ambas docentes estaban desarrollando sus labores habituales en el plantel cuando fueron afectadas en su salud por las fumigaciones ilegales realizadas en sus alrededores, lo que obligó a que recibieran atención médica urgente.
Una de las maestras continúa hospitalizada en el Centro Médico Nacional San Francisco, donde sigue recibiendo tratamiento.
El diagnóstico médico indica que las afectadas padecieron bronquitis y neumonitis causadas por la inhalación de gases, humo y sustancias químicas, acompañadas de crisis de broncoespasmo e intoxicación, situación que requirió atención especializada.
El sindicato interpuso la denuncia pública ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, señalando que los propietarios de las fincas violaron las normativas vigentes; además, varios videos captados en el lugar evidencian fumigaciones realizadas fuera del horario permitido.
“La situación descrita constituye una infracción grave y directa a la legislación dominicana, ya que las fumigaciones cercanas al centro educativo donde trabajaban las docentes se llevaron a cabo sin respetar la legalidad vigente, incumpliendo claramente lo estipulado en la Resolución No. RES-MARD-2023-38 emitida por el Ministerio de Agricultura, que regula estrictamente la aplicación terrestre de plaguicidas, sobre todo en zonas próximas a escuelas”, señala la denuncia presentada por la ADP.
Se argumenta en la acusación que dicha resolución establece obligaciones claras como notificación previa, limitación horaria, uso exclusivo de productos autorizados y adopción de medidas para proteger la salud humana; el incumplimiento de estas normas generó un riesgo concreto y real que se tradujo en un daño efectivo a la salud de una docente actualmente hospitalizada.
Además, se señala que esta conducta vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Dominicana, especialmente el derecho a la salud, a la integridad personal y a un ambiente saludable, así como el deber reforzado del Estado y particulares de proteger a la comunidad educativa considerada un grupo especialmente vulnerable.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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