Fuente: Listin diario
El Ejecutivo español liderado por el socialista Pedro Sánchez representa una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, frente al endurecimiento de las políticas en numerosos países del bloque bajo la presión de la extrema derecha.
En contraste con buena parte de Europa, que adopta posturas más restrictivas, el Gobierno español de izquierda ha puesto en marcha un plan para regularizar a inmigrantes que podría beneficiar a medio millón de personas, principalmente procedentes de Latinoamérica.
Según explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública, esta medida especial permitirá regularizar aproximadamente a “medio millón de personas” que residan en España desde hace al menos cinco meses, que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales.
El plan, aprobado este martes por el consejo de ministros, contempla que los trámites comiencen entre abril y el 30 de junio, con el fin de que estas personas puedan “trabajar en cualquier sector y lugar del país”, detalló la ministra.
“Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos fortaleciendo un modelo migratorio basado en derechos humanos, integración y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, declaró Saiz en una conferencia de prensa posterior.
El Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez se distingue en materia migratoria dentro de la Unión Europea, frente a la tendencia al endurecimiento en diversos países del bloque motivada por la influencia de la extrema derecha.
“Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro y ordenado, pero también abierto y humano ante quienes proponen cerrar nuestras fronteras”, afirmó recientemente Pedro Sánchez.
El presidente añadió que “el 80% del crecimiento” económico español durante los últimos seis años y el 10% de los ingresos a la seguridad social se deben a la migración.
El Instituto Nacional de Estadística informó este martes que el desempleo en España descendió por debajo del 10% en el último trimestre de 2025, siendo mayoría los nuevos empleos ocupados por extranjeros.
“Nosotros entregamos papeles”
En noviembre de 2024, Sánchez anunció ya una reforma del reglamento de extranjería para regularizar anualmente a 300,000 personas durante los próximos tres años, con el objetivo también de contrarrestar el envejecimiento poblacional en un país donde los nacimientos han disminuido un 25.6% desde 2014, según datos oficiales.
España tiene una población total de 49.4 millones de habitantes, incluyendo 7.1 millones de extranjeros.
Al 1 de enero de 2025 residían cerca de 840,000 inmigrantes irregulares, mayoritariamente originarios de América Latina, según el centro Funcas especializado en investigación económica y social.
Para facilitar su implementación, el Gobierno aprobó este plan mediante un “real decreto”, evitando así someterlo a votación parlamentaria dado que no dispone de mayoría.
Estas regularizaciones dirigidas a fortalecer la economía nacional surgen tras un acuerdo entre el Ejecutivo y Podemos, partido de extrema izquierda que fue socio del Gobierno pero ha sido muy crítico últimamente.
La eurodiputada de Podemos Irene Montero declaró: “El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, asesinan o aterrorizan a la gente, nosotros damos papeles”, aludiendo indirectamente al gobierno estadounidense liderado entonces por Donald Trump.
“La ilegalidad se premia”
Este proceso también se da después del estancamiento parlamentario de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 ciudadanos y apoyada por unas 900 asociaciones que reclamaban la regularización total de los inmigrantes irregulares en España.
La medida generó críticas desde sectores conservadores y ultraderechistas.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, señaló en X: “En la España socialista se premia la ilegalidad. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria”, sugiriendo que el plan busca desviar la atención tras el accidente ferroviario del sur del país que causó 45 muertos el 18 de enero.
Por su parte, Santiago Abascal, dirigente de Vox, expresó en X: “¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español y pretende reemplazarlo promoviendo por decreto el efecto llamada para acelerar la invasión”.
La iniciativa contó con el respaldo de colectivos que llevan años luchando por la regularización migratoria, entre ellos la Iglesia católica, que calificó esta medida como “un acto de justicia social”.
La última regularización masiva concedida en España tuvo lugar en 2005 durante el gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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