Fuente: Javier Flores/javier_flores@listindiario.com
El presidente anunció que, desde hoy, todas las entidades bajo el ámbito de la normativa deben cumplirla de forma obligatoria.
Con la firma del presidente Luis Abinader en el reglamento de aplicación, entra en vigor la nueva ley 47-25 de Contrataciones Públicas, más de 180 días tras su promulgación a finales de julio de 2025.
Durante un evento realizado en el Palacio Nacional, Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, explicó que con la activación de esta ley, ni funcionarios ni legisladores podrán participar en empresas que negocien con alguna entidad pública.
“Esta norma restablece el régimen de consecuencias que fue eliminado en 2006. Fortalece el régimen de incompatibilidad; quienes no pueden contratar con el Estado incluyen ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes y regidores, sin importar su participación accionaria en la empresa”, señaló Pimentel al ser entrevistado por periodistas.
Añadió que bajo la legislación anterior, los funcionarios, legisladores y ediles podían poseer hasta un 10% o menos de acciones en la empresa interesada en contratar con el Estado. Pimentel indicó que las infracciones recibirán sanciones administrativas y penales, incluyendo penas privativas de libertad de entre dos y diez años.
Normas definidas
Abinader expresó que la finalidad principal al poner en marcha esta ley es que el Estado Dominicano funcione con “normas claras y permanentes”.
“Este Gobierno ha apostado a algo esencial: que las instituciones sean más sólidas que las personas; que las reglas tengan mayor duración que los cargos; que el interés general siempre prevalezca sobre cualquier beneficio particular. Ese es el país en el que creemos y estamos construyendo”, afirmó el presidente.
En sus palabras centrales, el mandatario aseguró que este nuevo sistema fortalece la planificación, mejora la competencia, refuerza los controles y fomenta una cultura preventiva, acorde con su compromiso inicial para robustecer las instituciones, proteger los recursos públicos y eliminar los espacios donde históricamente se han producido abusos, improvisaciones y falta de supervisión.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Pretende fortalecerla. No intenta paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, previsible y confiable”, enfatizó Abinader, añadiendo que la nueva ley consolida un modelo de gestión donde las decisiones quedan registradas, cuentan con responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.
En su discurso, el jefe del Estado resaltó que esta reforma coloca a la República Dominicana en línea con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, garantizando que las reglas perduren más allá de cualquier administración gubernamental.
Decreto
El reglamento está establecido en el decreto 52-26.
El presidente también aprovechó para destacar el trabajo realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos responsables del nuevo marco normativo, que contribuirá al fortalecimiento institucional del país.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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