Fuente: El Nuevo Día
Congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez pide a HUD revisar contratos por $11.6 millones en vivienda pública en Puerto Rico
Washington D.C. – La representante federal demócrata de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez, solicitó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que investigue las credenciales de las empresas que obtuvieron contratos por un total de $11.6 millones mediante la Administración de Vivienda Pública (AVP) de Puerto Rico.
Velázquez dirigió una serie de preguntas al secretario de HUD, Scott Turner, en las que destaca cuatro de los 16 contratos adjudicados en noviembre de 2025 para la administración, operación y mantenimiento de residenciales públicos, señalando que estas compañías podrían carecer de la experiencia necesaria o haber recibido las adjudicaciones tras realizar aportes al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Dicha lista de interrogantes fue enviada a Turner para el registro oficial del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde Velázquez ocupa el segundo lugar en la minoría, coincidiendo con la audiencia pública del pasado 21 de enero en la que compareció el secretario del HUD.
La congresista mencionó que las cuatro firmas señaladas —CRACCO Group, Professional Management Company, Inc., A&M Contract, Inc. y Future Technology, Inc.— gestionan un total de 12,775 unidades de vivienda pública.
Velázquez puntualizó que Edwin Tirado Berríos, propietario de CRACCO Group, administra 3,058 unidades, aunque su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en sectores relacionados con alimentos y entretenimiento.
Asimismo, explicó que Alfredo Ocasio Pérez, dueño de Professional Management Company y responsable de 3,014 unidades de vivienda pública, encabezó la campaña presidencial del actual mandatario Donald Trump en Puerto Rico durante 2024. En una votación simbólica celebrada el pasado noviembre en Puerto Rico, Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, superó a Trump por un margen de tres a uno.
“¿Se compromete usted a evaluar las cualificaciones de estas empresas para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones federales sobre vivienda y así evitar cualquier negligencia que pueda afectar a casi 13,000 familias atendidas por estas entidades?”, preguntó Velázquez al secretario Turner.
Además, le consultó si colaborará con la minoría “en cualquier investigación o acción relacionada con estas corporaciones para garantizar que todas las partes estén informadas sobre los avances encaminados a proveer viviendas dignas, salubres y seguras a las familias puertorriqueñas”.
En sus preguntas, Velázquez recordó que en 2023 los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern —primos segundos del entonces gobernador Pedro Pierluisi— se declararon culpables por malversar cerca de $3.7 millones provenientes de fondos federales para programas habitacionales entre 2014 y 2022.
En ese momento, la empresa American Management & Administration (AMAC), propiedad de Walter Pierluisi Isern, administraba más de 5,000 unidades públicas distribuidas en 12 municipios.
“¿Está al tanto si la AVP ha implementado actualizaciones en sus políticas internas que requieran supervisión y reportes estructurados para prevenir fraudes, desperdicios y abusos por parte de contratistas privados en el futuro?”, preguntó Velázquez.
La congresista también solicitó detalles a Turner sobre cuántas viviendas públicas construidas antes de 1978 —cuando el riesgo por pintura con plomo es mayor— han sido inspeccionadas.
Igualmente pidió información sobre los fondos recibidos por la AVP durante los años fiscales 2022 a 2025 a través de los programas Fondos de Capital para Riesgos Relacionados con la Vivienda (HRH) y Pintura a Base de Plomo (LBP), así como subvenciones vinculadas a la Demostración y Control de Riesgos por Plomo (LHRD y LBPHC), incluyendo un desglose sobre cómo se han utilizado esos recursos.
Por otro lado, solicitó confirmar si la AVP cumplió con la recomendación emitida por la Oficina del Inspector General (OIG) del HUD para capacitar al personal en el manejo adecuado de casos con niveles elevados de plomo en sangre (EBLL) y ofrecer asistencia técnica orientada a desarrollar procedimientos escritos.
Velázquez advirtió que según información proporcionada por la organización Ayuda Legal Puerto Rico —que le transmitió inquietudes relacionadas con los contratos otorgados por AVP— apenas un 1% de los residentes en vivienda pública afectados por demandas de desalojo por falta de pago durante 2022 contaban con representación legal debido a la carencia de información adecuada.
“¿Podrían aportar evidencias que demuestren que los residentes en vivienda pública en Puerto Rico tienen acceso frecuente a orientación que les permita conocer plenamente sus derechos legales y así presentar quejas, solicitar audiencias en procesos desalojo o denunciar condiciones inseguras en sus viviendas?”, indagó.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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