Fuente: Hoy Digital
Es un hecho que las políticas oficiales de protección al consumidor, tanto en precios como en calidad, suelen chocar con las medidas destinadas a resguardar a los productores nacionales frente a un ingreso excesivo de productos externos de alta demanda, aunque sin llegar a prohibiciones absolutas que violarían la libertad comercial y acuerdos internacionales. Lo ideal es que los mecanismos institucionales se utilicen plenamente para lograr un equilibrio que proteja los intereses legítimos de ambas partes: ni tan extremo que perjudique ni tan débil que no sirva.
El aumento en las importaciones agrícolas, que el año pasado superó ampliamente los US$6,000 millones, alertó a diversos sectores que manifestaron con firmeza su rechazo a la compra excesiva de productos externos que el país produce regularmente. Posteriormente, ocurre un ciclo en el que los aportes del campo al mercado interno no satisfacen adecuadamente las necesidades del consumidor final, quien una y otra vez termina pagando las consecuencias debido a prácticas agrícolas poco racionales que generan extremos desestabilizadores o por la falta de protección estatal al sector agropecuario.
En este escenario, líderes opositores cuestionan que el Estado dominicano brinde un soporte adecuado a la agricultura, señalando deficiencias en los sistemas de riego, falta de mantenimiento en infraestructuras, niveles insuficientes o tasas cero de financiamiento, y la ausencia de subsidios para fertilizantes y preparación de tierras. Acusan al Banco Agrícola de otorgar créditos a personas ajenas al campo mientras los agricultores más necesitados quedan sin apoyo.
Los productores atribuyen principalmente su crisis financiera y dependencia excesiva de decisiones externas o apoyos institucionales a las importaciones desproporcionadas, que asocian con influencias y privilegios indebidos, junto con los altos costos de producción que disminuyen su competitividad. Afirman que los importadores agravan su situación al hacer consumir a los dominicanos frutas baratas provenientes del exterior, beneficiadas por subsidios inexistentes en el país.
LA DISCUSIÓN
Las importaciones son frecuentemente señaladas como causantes del desplazamiento de la producción nacional de arroz, ajo, cebolla, frijoles, carne porcina y diversos vegetales frescos y refrigerados. Por su parte, quienes defienden la llegada de estos productos argumentan que los productores nacionales son reincidentes en negociar sin planificación ni cumplimiento puntual de entregas para el consumo interno. Esto ha provocado la pérdida de mercados internacionales interesados en productos dominicanos que han quedado sin abastecer.
Mientras tanto, la Unión Nacional Campesina califica como indiscriminada y perjudicial la entrada masiva de arroz extranjero al comercio, la Junta Agropecuaria Dominicana (JAD) ha descalificado desde hace años como “política” la oposición a los permisos de importación agrícola.
Esta entidad interviene ocasionalmente para defender a empresarios nacionales que históricamente han traído grandes cargamentos de habichuelas, ajo y cebolla, entre otros productos. En particular ha respaldado las autorizaciones anuales para la importación de arroz otorgadas ininterrumpidamente por el Gobierno, aunque los agricultores las consideran cuantiosas y dañinas para la economía agrícola dominicana.
Quienes promueven la importación de productos agrícolas y porcinos invocan el acuerdo general de la Organización Mundial del Comercio sobre derechos adquiridos en intercambios entre economías globales “que no se puede ignorar”. Sin embargo, la OMC no ha logrado detener las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos bajo la administración Trump.
CERDOS Y POLLOS
Durante el año pasado continuó el incremento sostenido de importaciones de carne porcina en el mercado interno, creciendo entre un 6% y un 8% anual; mientras las autoridades reconocen con impotencia que la llegada constante de estos productos seguirá siendo necesaria indefinidamente. Estadísticas oficiales dudosas indican que el 75% del consumo local proviene de cerdos criollos; sin embargo, en cinco años la Peste Porcina Africana ha causado graves daños especialmente en crianzas tradicionales rurales. Esta reducción limita su presencia en el mercado mientras los cerdos desaparecen como fuente económica para los pobres.
A pesar de ser una potencia regional avícola abasteciendo el 95% del mercado interno en carne de pollo y huevos, las estadísticas oficiales no reflejan las numerosas autorizaciones “excepcionales” para importar estos productos y satisfacer un impresionante aumento del consumo local —incluyendo enclaves turísticos— sin comparación en toda la región del Caribe y Centroamérica.
Debe considerarse además que las granjas están expuestas a riesgos vinculados con disponibilidad de insumos y transporte marítimo desde el exterior, afectados también por fenómenos climáticos extremos que impactan la reproducción aviar. El país tiene mercados externos importantes como Haití —un destino clave para exportaciones dominicanas— hacia donde dirige parte de su producción.
EL BALANCE
La institución gubernamental Pro Consumidor adopta una postura favorable a importar alimentos cuando resulta necesario para combatir especulaciones abusivas, estabilizar precios básicos y proteger la economía familiar. Ha reiterado en varias ocasiones que abrir el mercado local a embarques extranjeros debe buscar equilibrio para no perjudicar exageradamente a sectores productivos.
Su criterio fundamental consiste en combatir precios injustificados y asegurar acceso asequible a alimentos para familias con bajos ingresos, apoyando traer productos foráneos si la producción nacional es insuficiente. Declaran estar vigilantes mediante monitoreos contra conductas especulativas.
Han expresado enfáticamente: “la institución actúa bajo la premisa de garantizar la seguridad alimentaria y los derechos económicos de los consumidores ante los abusos de comerciantes”.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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