Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Cambios en el régimen de empresas públicas para fortalecer servicios esenciales
Las modificaciones implementadas en el régimen de empresas públicas, conforme a lo establecido en la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, buscan optimizar la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos de transmisión eléctrica y transporte terrestre masivo.
Respecto a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Decreto núm. 55-26 promueve un proceso de fortalecimiento institucional con el propósito de consolidar su papel como empresa pública estratégica, asegurar la continuidad y calidad del servicio público de transmisión eléctrica y adoptar un modelo de gestión moderno y eficiente que responda a los retos de la transición energética y digital. Esta acción se ejecuta garantizando totalmente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, sin alterar derechos, obligaciones, contratos ni activos vigentes.
De igual manera, se robustecen sus órganos directivos y de supervisión, se integran estándares actuales de gobernanza corporativa y se refuerzan los mecanismos para la rendición de cuentas. Esto dota a la empresa de una mayor autonomía técnica y operativa, manteniendo su vinculación al Ministerio de Energía y Minas, así como su sujeción a la rectoría y control estatal. Este enfoque facilitará la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura para la transmisión eléctrica y las telecomunicaciones por fibra óptica, en consonancia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Por otra parte, mediante el Decreto núm. 60-26, el Presidente ordenó crear la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), que reemplaza a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), en cumplimiento con el artículo 356 de la Ley núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana. Esta medida reorganiza el modelo institucional del transporte terrestre masivo al separar las funciones operativas y de mantenimiento del sistema —que quedan a cargo de la nueva empresa— de las actividades relacionadas con el desarrollo y ejecución de infraestructura, responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).
Este decreto también establece un proceso rápido para la supresión y liquidación institucional de la Opret, garantizando una transición jurídica, administrativa y operativa ordenada. Dicha gestión asegura la continuidad del servicio público masivo de transporte, preservando derechos y obligaciones vigentes, facilitando la transferencia organizada de activos, contratos y relaciones jurídicas, así como protegiendo al personal conforme al marco legal aplicable. Todo ello con el fin de evitar cualquier impacto negativo sobre los usuarios durante el proceso institucional, bajo la coordinación de una Comisión Especial creada para dirigir, supervisar y acompañar esta reforma y liquidación institucional.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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