Fuente: ElSiglo
Estados Unidos nació bajo un principio fundamental: nadie está por encima de la ley. Ni monarcas, ni fuerzas armadas, ni funcionarios públicos. La autoridad debía existir para garantizar la vida, no para ponerla en peligro. No obstante, en los últimos meses, esta promesa constitucional ha sido gravemente debilitada por abusos sistemáticos y el uso excesivo de la fuerza por parte de agencias federales de inmigración.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están autorizados a portar armas. Eso no se discute. Pero esa potestad no es ilimitada. Está condicionada por la ley, la Constitución y principios básicos de derechos humanos: la fuerza debe emplearse solo como último recurso, proporcionalmente y exclusivamente frente a un peligro real e inminente.
Lo que observamos actualmente supera esos límites. Disparos contra civiles, operativos sin identificación clara, uso letal de la fuerza en situaciones sin amenaza inmediata, personas sin antecedentes criminales tratadas como enemigos en guerra. Lo más preocupante es la narrativa oficial que justifica, protege y normaliza estos excesos en lugar de investigarlos con rigor y transparencia.
Una mujer estadounidense fue asesinada por agentes federales mientras estaba dentro de su vehículo, lejos de realizar alguna acción violenta que justificara una respuesta letal. Semanas después, un ciudadano estadounidense, enfermero de profesión, fue fatalmente disparado mientras grababa con su celular, sin representar un peligro claro e inmediato.
Cuando una institución armada dispara primero y explica después, la ley deja de ser justicia y pasa a ser intimidación. Cuando se bloquean investigaciones independientes, se desestiman testimonios y se desacreditan pruebas ciudadanas, el problema ya no es un agente aislado: es un sistema que se protege a sí mismo.
Las víctimas no son solo migrantes. Son ciudadanos. Son familias y comunidades enteras que hoy viven con temor, no al crimen, sino al abuso del poder. Y cada vez que el gobierno premia estas prácticas con bonos, inmunidad o silencio institucional, envía un mensaje devastador: la violencia estatal se vuelve aceptable.
La destitución de Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, se ha presentado como un acto de justicia. Pero persiste la incómoda e indispensable pregunta: ¿esto representa realmente una rendición de cuentas o solo es una estrategia para contener la indignación pública?
Una democracia no se mide por la severidad con que castiga, sino por la disciplina con que limita su propio poder. Cuando las agencias encargadas del cumplimiento legal actúan sin controles, supervisión efectiva ni rendición de cuentas, el estado de derecho empieza a derrumbarse.
Hasta ahora no hay agentes procesados penalmente. No existen juicios abiertos ni sentencias emitidas. Tampoco reformas legales que establezcan límites precisos al uso de la fuerza en operativos migratorios. Lo que hay es una reubicación administrativa y un mensaje preocupante implícito: el problema fue el manejo, no el modelo.
La ley es clara. La fuerza letal solo es legítima frente a una amenaza real e inminente. No ante sospechas, ni ante una fuga ni ante el temor del agente. Cuando este principio se difumina, el Estado deja de proteger para imponer a la fuerza su propia versión de la ley.
La Biblia nunca idealiza el poder; por el contrario, lo somete constantemente a juicio. Enseña que toda autoridad es delegada y no absoluta; que existe para proteger vidas y no para disponer de ellas. Cuando quien tiene autoridad castiga al inocente o encubre al violento traiciona su propósito. Y Dios juzga no solo al que ejerce violencia sino también al silencio que la permite, a la orden que la autoriza y a la estructura que la normaliza.
La justicia comienza cuando el poder reconoce sus límites; cuando hay investigaciones realmente independientes; cuando existen sanciones penales si hubo abuso; y cuando se reforman las estructuras que permiten la repetición de estas muertes.
El uso irresponsable de la fuerza no demuestra fortaleza: revela decadencia moral. Es momento de exigir límites claros, investigaciones transparentes y consecuencias auténticas. Es tiempo de recordar que la ley está para proteger al pueblo y no para atemorizarlo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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