Fuente: Agencia EFE
Logroño (EFE).- La iniciativa de restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años representa “un desafío y una oportunidad” para “fortalecer el control y exigir responsabilidad a las plataformas”, aunque, según pronosticó este martes a EFE el especialista en ciberpsicología Joaquín González-Cabrera, será “una tarea inútil” si se limita únicamente a “prohibir sin educar”.
Este investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) forma parte del grupo de 21 expertos consultados para la elaboración del ‘Informe C: Redes sociales y menores’, un documento realizado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C) que busca orientar el proceso legislativo y el diseño de políticas públicas en España.
González-Cabrera opinó que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hecho este martes en Dubái sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, “quizás sea resultado de un efecto dominó”, tras las recientes restricciones adoptadas por países como Francia, Dinamarca y Australia.
Remarcó la importancia de “abordar la regulación” desde las instituciones públicas, ante las “pruebas que demuestran que las redes sociales no son inocuas” y afectan la salud y bienestar de los jóvenes.
En el ‘Informe C: Redes sociales y menores’, señaló, los especialistas ya subrayaron en noviembre pasado la urgencia de establecer protocolos de “seguridad por diseño y por defecto”, que impliquen incorporar medidas protectoras que desde su creación no requieran intervención por parte del niño o usuario.
La meta es que, mediante acciones adaptadas a la edad y los marcos normativos, se disminuyan los riesgos a los que están expuestos los menores, garantizando transparencia algorítmica y una verificación automática de edad, respetando la privacidad, para definir a qué contenidos y funciones puede acceder un menor.
En esta línea, los juristas abogan por evitar la dependencia europea respecto a la regulación de la verificación por edad, indicó este experto, quien calificó como “un gesto valiente” demandar responsabilidad a las plataformas.
“Aunque todos somos utilizados, los niños y adolescentes necesitan una protección jurídica mayor; las plataformas nos han convertido en producto y existe un negocio basado en captar la atención, que es lo más preocupante”, advirtió.
Afirmó que se ha desarrollado ingeniería conductual orientada a atraer y mantener la atención para maximizar el tiempo que los usuarios permanecen en las plataformas, tiempo que luego se emplea para recopilar datos con fines publicitarios personalizados o para perfeccionar algoritmos.
Estos patrones de diseño “oscuros” promueven conductas “adictivas”, recalcó, “donde la salud mental no es prioridad porque el objetivo principal es obtener ganancias económicas”.
Por ello insistió en que “no se puede prohibir sin educar” a los menores, especialmente aquellos menores de 16 años que ya utilizan las redes para sus interacciones sociales y formación de identidad digital.
Expresó su esperanza de que esta oportunidad no quede en “un titular simbólico ni una medida cosmética política”, sino que se implementen acciones “concretas y efectivas” para evitar trasladar la responsabilidad desde las plataformas e industria hacia las familias, escuelas y propios menores.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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