Fuente: Agencia EFE
Bruselas (EFE).- Las iniciativas presentadas recientemente por España para proteger a los menores en internet, entre las que se incluye la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años, han sido acogidas favorablemente por Bruselas, aunque se recuerda que estas medidas deben ajustarse a la legislación europea vigente.
La propuesta española está alineada con otros países europeos y se añade a las investigaciones que llevan a cabo Bruselas y varios estados miembros sobre supuestas prácticas indebidas de empresas tecnológicas como X, tras el escándalo relacionado con la ‘nudificación’ de imágenes en Grok.
La Comisión Europea ha valorado positivamente las acciones planteadas por Sánchez, pero ha señalado al Gobierno que debe respetar la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea, sin imponer “obligaciones adicionales” a las grandes plataformas.
“Debemos ser muy cautelosos. Apreciamos que algunos Estados miembros quieran avanzar más allá limitando potencialmente el acceso de los niños a las redes sociales (…), pero no es factible imponer responsabilidades adicionales a las plataformas”, subrayó hoy Thomas Regnier, portavoz de política digital de la Comisión.
España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia están liderando el debate dentro de los Veintisiete para establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales, con París y Copenhague proponiendo fijar el límite en los 15 años.
Por ahora, la Comisión Europea ha evitado legislar sobre este tema debido a la falta de consenso entre los países miembros y argumenta que es una competencia nacional, permitiendo así que cada Gobierno determine el límite de edad que considere adecuado.
Esta cuestión genera incertidumbre en la Comisión Europea, que espera conocer la propuesta definitiva del Ejecutivo español.
La DSA exige a las redes sociales adoptar “medidas adecuadas y proporcionadas para asegurar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores”, pero les concede libertad para definir dichas medidas.
La Comisión incentiva a las plataformas a implementar sistemas que verifiquen con precisión si los usuarios superan los 18 años al ofrecer productos destinados exclusivamente a adultos, como alcohol, tabaco, drogas o contenido pornográfico.
El pasado año, Bruselas lanzó una aplicación móvil diseñada para que plataformas y sitios web puedan verificar la edad de sus usuarios sin comprometer su privacidad; esta herramienta se encuentra actualmente en fase piloto en España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia.
No obstante, esta aplicación es solo un recurso voluntario que el Ejecutivo comunitario ofrece a las compañías para proteger a los menores, por lo que España no podría obligarlas a emplear la Cartera Digital que está desarrollando.
Además de esta ‘app’, la Comisión publicó unas directrices para que las plataformas adopten medidas voluntarias destinadas a proteger a los menores y demostrar el cumplimiento con la DSA.
Entre estas recomendaciones está que las cuentas abiertas por menores en redes sociales sean privadas por defecto, permitiendo únicamente interacciones con personas previamente aceptadas; así podrán dar y recibir ‘me gusta’, comentar o compartir contenidos solo con sus contactos aprobados.
Para combatir el acoso escolar en línea, el Ejecutivo comunitario también solicita que no se pueda añadir a menores a ningún chat sin su consentimiento explícito.
Bruselas pide asimismo que se desactiven funciones como la reproducción automática de vídeos, filtros para modificar la imagen propia, así como el uso de cámara, micrófono y sistemas de geolocalización en los dispositivos.
También insiste en que los contenidos recomendados a menores sean “adecuados” para su edad, especialmente en lo relativo a la publicidad.
Sánchez anunció además que el Gobierno pretende que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad legal en caso de incumplir la ley. Esta medida ha sido demandada también por el Parlamento Europeo; sin embargo, no está contemplada en la DSA ni es considerada por el Ejecutivo comunitario.
Uno de los principios fundamentales de la legislación europea establece que las empresas no son responsables del contenido publicado por los usuarios en internet. Las plataformas están obligadas únicamente a eliminar contenido ilegal cuando tienen conocimiento del mismo mediante denuncia de usuarios, verificadores o requerimientos de autoridades nacionales.
La normativa exige además que las empresas no fomenten la difusión de contenido ilegal o contrario a derechos fundamentales; es decir, sus algoritmos no deben promover este tipo de información.
Por ello, la DSA obliga a las grandes tecnológicas —con más de 45 millones de usuarios mensuales, como X, Instagram, Facebook o TikTok— a elaborar informes anuales evaluando riesgos potenciales asociados a sus plataformas y adoptar medidas preventivas; también contempla sanciones de hasta un 6 % del volumen anual facturado para quienes incumplan estas obligaciones.
Sánchez informó ayer que el Gobierno colaborará con la Fiscalía para investigar estas tres compañías, siguiendo el ejemplo francés en el caso Grok.
La Comisión ha evitado pronunciarse sobre estas investigaciones en Francia al señalar que son realizadas bajo la legislación nacional francesa y no bajo la DSA.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
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